El Tribunal Europeo de Derechos Humanos revisará la demanda presentada por la plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia en Angrois en 2013. La asociación reclama que el Estado español lleve a cabo una investigación independiente sobre el siniestro, algo que la Comisión Europea ha solicitado en varias ocasiones.
En el plano judicial, la instrucción del caso se prolongó durante años y concluyó con una sentencia que condenó tanto al maquinista del tren como al exdirector de seguridad de Adif por imprudencia profesional grave. Sin embargo, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) elaboró un informe en el que solo atribuía responsabilidad al conductor, al considerar que el exceso de velocidad fue la causa del accidente. Además, la CIAF incluyó en su informe recomendaciones para mejorar la seguridad ferroviaria.
Examinará el caso «tan pronto como sea posible»
Ante la falta de una investigación independiente, la plataforma de víctimas llevó su caso a los tribunales españoles, presentando una demanda ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Gobierno y el comité que investigó la tragedia. La petición fue rechazada, al igual que los posteriores recursos presentados ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Finalmente, en julio de 2021, la asociación acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ahora ha comunicado que examinará el caso «tan pronto como sea posible».
En un escrito fechado el 5 de febrero, la secretaría del Tribunal Europeo ha informado a la plataforma de que el caso será sometido a examen y que en el momento oportuno notificará las decisiones adoptadas. Además, el tribunal señala su intención de agilizar el proceso y que, a lo largo del procedimiento, podrá solicitar información adicional.
Un éxito que haya sido aceptado
Las víctimas destacan que el Tribunal Europeo solo admite menos del 5% de las demandas presentadas, según datos del Consejo General de la Abogacía Española, por lo que consideran «un éxito» que su caso haya sido aceptado. Su abogado, Antonio Benítez Ostos, director de Administrativando Abogados, subraya la relevancia de que Europa decida revisar la actuación de la justicia española en un caso que califica como «el accidente ferroviario más grave de la democracia». Confía en que el tribunal ordene al Estado español realizar una nueva investigación independiente.
La plataforma critica la falta de respuesta de las autoridades y considera «vergonzante» que, tras más de 11 años, cuatro gobiernos y cinco ministros de Fomento, aún no se haya llevado a cabo la investigación que reclama la Unión Europea. También cuestionan la actitud del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien acusan de negarse a recibirlos. En este sentido, recuerdan que en 2016, cuando era alcalde de Valladolid, aprobó una moción para instar al Gobierno a constituir una comisión de investigación independiente sobre la tragedia.
Para la asociación, la falta de una investigación responde a un intento de evitar responsabilidades políticas y de influir en la opinión pública para ocultar las negligencias y los incumplimientos en materia de seguridad ferroviaria. A pesar de ello, aseguran que seguirán luchando hasta lograr justicia.
