La declaración de A Coruña como zona de mercado residencial tensionado ha generado toda una guerra abierta entre el Concello y la Xunta de Galicia: la medida, impulsada por el Gobierno local liderado por la socialista Inés Rey, pretende limitar el incremento del precio del alquiler y facilitar el acceso a la vivienda en un momento en el que los costes superan el 30% de la renta media de los hogares, uno de los criterios establecidos por la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda para declarar un área como tensionada.
A Coruña es el primer municipio de Galicia en solicitar formalmente esta declaración: el ayuntamiento debe presentar la documentación y la Xunta es la responsable de darle luz verde. El Gobierno gallego, sin embargo, pide «corregir errores de bulto» en el expediente que ha recibido.
La alcaldesa ha acusado abiertamente a la Xunta de «torpedear» la solicitud presentada a principios de mes, y ha atribuido la actitud del ejecutivo autonómico a una «cuestión ideológica». «No sabemos si lo que falta son datos que ellos ya tienen o cuál es el motivo, hemos conocido esa decisión a través de la prensa», lamentó Rey ante los medios, subrayando lo que considera una falta de «lealtad institucional».
La regidora ha ido más allá al afirmar que existe una “voluntad inequívoca” por parte del Gobierno gallego de frenar cualquier iniciativa municipal en materia de vivienda, particularmente las procedentes de A Coruña. «A la Xunta no le preocupa el acceso a la vivienda, una cuestión que debería estar al margen de las luchas partidistas», sentenció.
«No hay obstáculo, solo falta documentación»
Desde la Consellería de Vivenda, sin embargo, niegan haber bloqueado el proceso. Según explican fuentes oficiales, el expediente enviado por el Concello está «incompleto» y contiene «errores de bulto», por lo que han solicitado más documentación y concreciones antes de continuar con la tramitación.
La conselleira del ramo, María Martínez Allegue, ha recalcado que no existe «ningún obstáculo» ni rechazo, sino un requerimiento de subsanación técnica. «Se trata simplemente de que presenten la documentación que se corresponde con la normativa establecida», aclaró, precisando que el análisis del expediente fue realizado por los técnicos del Instituto Galego de Vivenda e Solo en apenas quince días.
El Concello coruñés defiende que la ciudad cumple los dos requisitos marcados por la ley estatal: por un lado, que el coste de la vivienda supere el 30% de la renta media; y por otro, que los precios hayan subido más del 3% por encima del IPC en los últimos cinco años. Según el edil de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, los estudios técnicos encargados por el consistorio corroboran estos datos.
El plan municipal incluye, además, un ambicioso programa a veinte años para sumar más de 13.000 viviendas públicas en la ciudad con el objetivo de aliviar la presión sobre el mercado residencial. «Buscamos reforzar el paquete de acciones que ya tenemos en marcha para hacer frente a la subida de los costes», explicó la alcaldesa cuando se presentó la solicitud.
Mientras la situación en A Coruña parece estar encallada, el Concello de Santiago sigue trabajando en la elaboración de su expediente, con el que busca la declaración de toda la ciudad como zona de mercado residencial tensionado. En todo caso, la pelota también estará, tarde o temprano, en el tejado de la Xunta de Galicia.
