El Gobierno de España ha decidido no incluir a la compañía portuguesa Altri en la lista de beneficiarios del PERTE de Descarbonización, dejando fuera los 30 millones de euros que la empresa había solicitado para construir su planta de celulosa y fibras textiles en Palas de Rei, Lugo. La decisión, aunque aún no ha sido notificada oficialmente a la empresa, es un importante revés para el plan industrial que la Xunta de Galicia ha defendido con firmeza pese a la creciente contestación social.
El proyecto, impulsado por la sociedad Greenfiber —participada en un 75% por Altri y en un 25% por la española Smarttia—, preveía una inversión cercana a los mil millones de euros, de los cuales un 25% se cubriría con fondos públicos. Sin embargo, sin las ayudas del PERTE y a la espera de una Autorización Ambiental Integrada (AAI), la viabilidad de la planta queda en entredicho.
La noticia fue confirmada anoche por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a través de la red social Bluesky, donde reafirmó el compromiso del Ejecutivo con la protección del medio ambiente frente a proyectos industriales controvertidos. “Siempre hemos dicho alto y claro: Altri no. Y hoy lo decimos también desde el Gobierno”, escribió Díaz, confirmando una información adelantada por eldiario.es.
Non imos apoiar ningún proxecto que poña en risco á poboación, á natureza, o noso ecosistema, a propia vida. Sempre dixemos alto e claro: Altri Non! E hoxe decímolo tamén desde o Goberno, como levamos defendendo desde un inicio. www.eldiario.es/1_bac114
— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 22 de abril de 2025, 22:45
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La oposición al proyecto ha trascendido lo político, movilizando a colectivos ecologistas, asociaciones vecinales y entidades científicas, que han cuestionado tanto el impacto ecológico como la sostenibilidad del modelo productivo basado en el uso intensivo del eucalipto. La factoría consumiría cada año 1,2 millones de toneladas de esta especie y utilizaría diariamente hasta 46.000 metros cúbicos de agua —el equivalente al consumo total de la provincia de Lugo—, devolviendo solo una parte al río Ulla tras su tratamiento, lo que ha generado preocupación sobre sus efectos en la ría de Arousa, uno de los ecosistemas marinos más ricos de Galicia.
También desde Sumar, la portavoz parlamentaria Verónica Martínez Barbero celebró la noticia como una “victoria de la movilización ciudadana”. El rechazo al proyecto se ha manifestado en teatros, estadios de fútbol y manifestaciones, bajo el lema común de “Altri non”.
A pesar del impulso otorgado desde el Ejecutivo autonómico, encabezado por Alfonso Rueda, y del respaldo dado en marzo al informe de impacto ambiental, el Gobierno central ha marcado ahora una línea roja. La exclusión del proyecto del reparto de fondos europeos supone la primera postura firme del Estado frente a un proyecto industrial que muchos consideran desfasado e incompatible con los objetivos de la transición ecológica.
En paralelo, el asunto ha llegado hasta Bruselas. La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, alertó del posible incumplimiento de hasta catorce directivas comunitarias y llevó el caso ante instituciones europeas, subrayando el valor ambiental del territorio afectado, que incluye zonas protegidas como la Serra do Careón y el sistema fluvial Ulla-Deza.
Por su parte, el eurodiputado socialista Nicolás González Casares ya había advertido de que la iniciativa presentaba «serias dificultades para encajar en el marco de los fondos europeos de recuperación», especialmente en lo que respecta al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la UE.
Sin fondos europeos, el futuro de la macrocelulosa de Altri en Galicia está más en entredicho, si bien la multinacional portuguesa ya avanzó que buscaría otras vías de financiación tanto públicas como privadas. Mientras tanto, la movilización social no cesa: el próximo 4 de mayo, una marcha fluvial en kayak recorrerá el Baixo Ulla «en defensa del río y de la tierra».
