Este lunes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Lugo el juicio contra José Uriel Valencia Silva, acusado de matar a Cristina Cabo Buján en diciembre de 2022. La vista oral ha arrancado a media mañana tras la elección del jurado popular, que deberá determinar si se trata de un caso de asesinato o de homicidio, dado que el acusado confesó los hechos tras ser detenido.
Valencia Silva llegó al tribunal escoltado por agentes policiales. A su entrada fue increpado por algunos familiares, aunque la situación no derivó en incidentes mayores.
Frente a los juzgados, Ana Torrón, portavoz de la Plataforma Feminista de Lugo y amiga cercana de la víctima, expresó su indignación ante la estrategia de defensa basada en la legítima defensa. «Cristina Cabo era una mujer solidaria, una gran persona. Nadie cree esa versión», declaró. Torrón reclamó la pena máxima prevista por la ley, argumentando que “es necesario que esta persona no vuelva a las calles”.
La Fiscalía solicita una condena de 30 años de prisión para el acusado: 25 por asesinato con alevosía y ensañamiento, y 5 más por robo con violencia. Además, exige una indemnización de 230.000 euros para los familiares de la víctima en concepto de daños morales. La acusación particular se suma a la petición de condena por asesinato.
El proceso judicial está previsto que se extienda durante tres días, con sesiones de mañana y tarde. El jurado deberá esclarecer si los hechos constituyen asesinato —lo que implicaría mayor gravedad penal— o un homicidio.
Los hechos
El crimen se remonta al 1 de diciembre de 2022, cuando Cristina Cabo —conocida en Lugo por regentar una tienda de productos ecológicos en la calle Mallorca— conoció a José Uriel Valencia Silva en un local del casco histórico. Posteriormente, ambos se dirigieron al domicilio de la mujer.
Según el relato de la Fiscalía, hacia las 08:00 horas se produjo una discusión. Cristina, según este escrito, tomó un cuchillo de cocina y pidió al hombre que abandonara su casa. Sin embargo, Valencia Silva ignoró la solicitud y utilizó el arma para asestarle 47 puñaladas, causándole una muerte lenta y con gran sufrimiento por desangramiento.
Tras la agresión, el acusado se marchó del lugar llevándose un ordenador portátil y una bicicleta. El cadáver fue hallado al día siguiente por la hermana de Cristina, alarmada por no poder contactar con ella.
La investigación avanzó rápidamente gracias a un hallazgo clave: la hermana del acusado descubrió en su casa el ordenador robado, lo que permitió su detención. En comisaría, Valencia Silva confesó el crimen, aunque argumentó que actuó bajo los efectos de drogas y alcohol y que sufría un trastorno mental en ese momento.
Por su parte, la defensa sostiene que no hubo premeditación y solicita una pena reducida de quince años de prisión, alegando que el acusado se encontraba en un estado de alteración mental y que actuó en defensa propia.
