Doce años después del brutal crimen que conmocionó la comarca del Eume, Roger Serafín Rodríguez, autor confeso la violación y asesinato de Elisa Abruñedo, ha decidido guardar silencio en el arranque del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña. Aunque confesó su autoría tras ser detenido en 2023, ahora se acoge a su derecho a no declarar y esgrime, a través de su defensa, un supuesto episodio de «disociación de la realidad» que le habría llevado a pensar que otra persona cometió el crimen.
Los hechos se remontan al 1 de septiembre de 2013. Según el relato de la Fiscalía, la víctima salió a caminar cerca de su casa, en la zona de Lavandeira, cuando el acusado la interceptó. Tras golpearla en la cara, la arrastró unos 17 metros hasta una zona boscosa, donde la agredió sexualmente y la apuñaló repetidamente, provocándole la muerte en el acto. Posteriormente huyó del lugar y durante una década continuó su vida con normalidad, sin ser identificado.
No fue hasta 2023 cuando la Guardia Civil logró dar con el sospechoso gracias a un cotejo de ADN obtenido años después de los hechos. Fue arrestado en su puesto de trabajo en Navantia Ferrol y en ese momento admitió su responsabilidad. Sin embargo, ante el Tribunal del Jurado ha optado ahora por el silencio.
Durante el juicio, el fiscal ha sido contundente al asegurar que el acusado actuó de forma plenamente consciente: «Sabía lo que hacía y quiso hacerlo». Además, ha destacado la brutalidad del ataque y la imposibilidad de la víctima de defenderse. La acusación particular, que representa a los dos hijos de la fallecida, ha insistido en que el crimen estuvo marcado por la alevosía, el ensañamiento y la violencia de género, al considerar que se aprovechó del aislamiento del lugar y de la vulnerabilidad de la víctima.
Frente a ello, la defensa ha pedido al jurado una pena «justa», argumentando que su cliente sufrió un episodio de desconexión mental durante el crimen. Según sostiene, el acusado llegó a pensar posteriormente que otra persona había cometido el asesinato.
La Fiscalía solicita 32 años de prisión —20 por asesinato y 12 por agresión sexual—, además de una indemnización de 200.000 euros para los hijos de la víctima. Las acusaciones particulares elevan la petición a 37 años y reclaman un total de 600.000 euros en concepto de indemnización.
El juicio continúa esta semana, mientras el jurado deberá valorar si acepta los argumentos de la defensa o respalda la tesis de las acusaciones, que consideran la supuesta disociación como un intento desesperado de eludir responsabilidades tras más de una década de silencio.
