La Comisión Europea lanza un nuevo ultimátum al Gobierno español por la prórroga de la concesión de la autopista AP-9, al considerar que vulnera las normas comunitarias en materia de contratación pública y concesión de autopistas.
Si en el plazo de dos meses no se corrigen las irregularidades, Bruselas podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Y es que España amplió la duración de la concesión de la AP-9 por un período de 25 años y posteriormente esta concesionaria fue vendida sin convocar una licitación pública ni publicar un aviso previo en el Diario Oficial de la UE, tal y como exige la legislación europea.
Desde Europa consideran que esta prórroga constituye una «modificación sustancial», por lo que debería estar sometida a un «procedimiento de licitación competitivo», siguiendo los principios de igualdad de trato y transparencia que obligan las directivas en la materia.
Bruselas da ahora un plazo de dos meses al Gobierno estatal para que responda a las preguntas formuladas y «tome las medidas necesarias» con el fin de rectificar las irregularidades. En caso de que estas no se solucionen, podría iniciarse una fase de actuación que implicaría una denuncia al Estado miembro por un incumplimiento de legislación comunitaria ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
