El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 743/2025, que regula por primera vez la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes no acompañados en todo el Estado. La norma, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado, establece una ratio común de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes. Según este cálculo, Galicia debería contar con 886 plazas disponibles en su red de protección de la infancia.
El decreto forma parte del nuevo mecanismo de solidaridad entre comunidades. Si una región supera en más del triple la capacidad asignada, será declarada en situación de contingencia migratoria extraordinaria, lo que permitirá activar traslados hacia otros territorios. Canarias, que tutela actualmente a más de 4.000 menores, es el primer caso en el que se aplica esta figura.
Reparto estatal y financiación
Con este criterio, Andalucía (2.827 plazas), Cataluña (2.650) y Madrid (2.325) se sitúan como las comunidades con mayor capacidad. Galicia queda en un nivel intermedio, similar al de Castilla y León (783) o País Vasco (731). Ceuta y Melilla, en cambio, apenas cuentan con 27 y 28 plazas, respectivamente.
El Ministerio de Infancia y Juventud sostiene que el decreto responde al mandato de la Ley de Extranjería, reformada en marzo, y garantiza el principio de solidaridad entre comunidades. Para financiar los traslados y los primeros tres meses de atención, el Gobierno ha habilitado un fondo de 100 millones de euros.
La Xunta de Galicia se ha mostrado crítica con la medida. La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, asegura que la red gallega de atención «ya está al límite de su capacidad» y que el cálculo estatal no refleja la realidad de los servicios autonómicos. «Somos una comunidad acogedora y solidaria. En los últimos años recibimos decenas de menores procedentes de Canarias y Ceuta, siempre dentro de nuestras posibilidades. Pero no podemos ofrecer lo que no tenemos», señaló.
El Gobierno gallego reprocha que el reparto se haya fijado de manera unilateral y sin un acuerdo previo con las comunidades. García advierte de que el sistema planteado «se limita a aplicar un criterio poblacional» y que no se han tenido en cuenta factores como la disponibilidad de recursos, la dispersión territorial o la capacidad de los centros. «Lo que pretende el Ejecutivo de Sánchez es que las comunidades asuman el 100 % del coste de estos acogimientos», criticó.
La Xunta defiende que su política de protección está basada en pequeños centros y casas de acogida repartidos por toda la comunidad, que favorecen la convivencia. «No vamos a cambiar nuestra política de integración para crear macrocentros o guetos, como plantea el Ministerio», afirmó la conselleira.
En este contexto, Galicia mantiene su recurso ante el Tribunal Constitucional, presentado junto a otras diez comunidades, contra el decreto-ley que introdujo esta reforma. La conselleira recordó también que «en Galicia no hay conflicto con los menores migrantes», ya que los que se encuentran en la comunidad «están integrados en el sistema de protección y conviven en los centros de forma normalizada».
