La Comisión Galega da Competencia estudia imponer sanciones a una veintena de empresas vinculadas a los grupos Monbus y Alsa por prácticas contrarias a la libre competencia en Galicia. La propuesta de resolución plantea multas que suman en torno a 1,7 millones de euros y la prohibición de concurrir durante un año a concursos públicos de transporte de viajeros por carretera en la comunidad.
Un fallo judicial que destapó el caso
El origen del caso se remonta al concurso lanzado por la Xunta en 2020 para adjudicar nuevas líneas de transporte regular. En marzo de 2023, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictaminó que ambas compañías habían actuado de forma coordinada al presentar ofertas conjuntas en varios de los lotes de mayor valor económico y renunciar a competir entre sí en el resto.
El fallo calificó la actuación como un pacto ilegal de reparto de mercado y fue ratificado meses después por el Tribunal Supremo, que además censuró la pasividad de la propia Comisión Galega da Competencia, obligándola a iniciar una investigación formal.
Sanciones a 20 empresas
Tras más de un año de trabajo, el instructor del expediente concluye que los acuerdos entre las dos operadoras constituyeron un cártel prohibido por la ley. El informe recuerda que este tipo de estrategias limitan la competencia y generan perjuicios para los usuarios en términos de precio y calidad del servicio.
La propuesta incluye sanciones a 14 empresas del grupo Monbus y 6 de Alsa, con importes que van desde los 476.000 euros en el caso de Castromil hasta sanciones de apenas unos cientos de euros para sociedades de menor tamaño. Quedan fuera de la multa las matrices Grupo Autocares Monbus SL y Alsa Grupo SLU, al no encontrarse pruebas de que ejerciesen control directo sobre las filiales que participaron en las licitaciones.
Alegaciones y defensa de las empresas
Las compañías afectadas pueden todavía presentar alegaciones antes de que el Pleno de la Comisión, presidido por Ignacio López-Chaves, decida si confirma o modifica las sanciones. La decisión final podría ser objeto de recurso judicial, lo que prolongaría el procedimiento.
Por su parte, Monbus ya ha anunciado que recurrirá la propuesta. La empresa defiende que su actuación se ajustó a la normativa y que su objetivo en las licitaciones fue siempre ofrecer “la opción más competitiva” para la Administración.
La compañía rechaza haber incurrido en conductas anticompetitivas y asegura que la creación de UTEs con otros operadores responde únicamente a criterios de eficiencia y mejora del servicio.
El caso no es el único en marcha. La Comisión mantiene abierta otra investigación sobre posibles pactos en el concurso de transporte escolar convocado por la Xunta en 2021, en el que también figuran implicadas diversas sociedades del grupo Monbus.
