El Gobierno eliminará 2.640 pisos turísticos ilegales de plataformas online en Galicia

Las plataformas tendrán que eliminar anuncios de 2.640 pisos que no cuentan con número de licencia por no cumplir los requisitos legales
Imagen de archivo de las cajas de seguridad de pisos turísticos | EP
Imagen de archivo de las cajas de seguridad de pisos turísticos | EP

El Gobierno central ha iniciado una ofensiva para frenar la oferta de pisos turísticos irregulares en Galicia. El Ministerio de Vivienda notificó a las principales plataformas online la obligación de eliminar 2.640 anuncios sin número de registro.

Según explica el Ejecutivo, estas viviendas solicitaron su inscripción en el registro único de alojamientos temporales, pero su solicitud fue revocada al presentar datos incompletos o incompatibles con la normativa vigente. Al no subsanar las deficiencias en el plazo establecido, pierden automáticamente el derecho a operar y sus anuncios deben ser eliminados, incluso si aparecen en varias plataformas a la vez.

Pontevedra y A Coruña concentran la mayoría de casos

Por provincias, Pontevedra encabeza la lista con 1.249 inmuebles afectados, seguida de A Coruña (992), Lugo (339) y Ourense (60). Entre las ciudades y municipios gallegos más afectados destacan Vigo (227 pisos turísticos irregulares), Sanxenxo (196), A Coruña (140), Santiago de Compostela (128) y la capital pontevedresa (111).

Desde la puesta en marcha del registro nacional el 1 de enero, se han recibido 336.497 solicitudes en toda España, de las cuales el 78,75% corresponden a alquileres de uso turístico. De ellas, 53.786 han sido rechazadas, un 20,3% del total. Galicia se sitúa como la cuarta comunidad autónoma con más solicitudes de inscripción, por detrás de Andalucía, Canarias y Cataluña.

Objetivo: devolver viviendas al mercado residencial

El Gobierno subraya que España es pionera en Europa con este registro único, creado en colaboración con el Colegio de Registradores. La medida pretende atajar el fraude en el mercado de alquiler turístico, proteger el derecho a la vivienda y evitar que la proliferación de pisos turísticos expulse a los residentes de sus barrios.

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