La multinacional portuguesa Altri ha reiterado que no renuncia a su proyecto de planta de fibras textiles en Palas de Rei (Lugo) pese a que el Gobierno central haya dejado fuera la subestación y la conexión eléctrica necesarias en la planificación de la red 2025-2030.
En un comunicado a través de su filial Greenfiber, la promotora del proyecto, la empresa asegura que “utilizará todos los mecanismos de recurso administrativo a su alcance” cuando reciba notificación oficial, y solicita una reunión con el Ministerio para la Transición Ecológica para aclarar “cualquier duda técnica o financiera” que haya motivado la exclusión.
Altri considera que una eventual negativa sería “puramente política y no técnica”, recordando que la planta “Gama” ya cuenta con Declaración de Impacto Ambiental favorable y un diseño “energéticamente neutro” que incluso permitiría volcar excedentes de energía renovable a la red. Para la compañía, impedir su acceso supondría “desaprovechar una oportunidad clave” para los objetivos de descarbonización y limitar el desarrollo industrial y el empleo en la provincia de Lugo.
La posición del Gobierno central
El Ejecutivo español, sin embargo, ratificó esta semana su propuesta inicial de planificación eléctrica en Galicia hasta 2030, sin incluir la conexión solicitada por Altri. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, se reunió con la Xunta para explicar que el plan prioriza refuerzos en A Coruña y As Pontes, la integración de energías renovables y el impulso al hidrógeno verde, además de nuevas demandas industriales y ferroviarias.
Según el Gobierno, estas actuaciones duplicarán la capacidad de la red gallega a final de década y “consolidarán proyectos con elevados beneficios sociales”, pero no contemplan la subestación requerida para la macroplanta de celulosa y fibras textiles.
Ulloa Viva pide a la Xunta que dé carpetazo al proyecto
Para la plataforma vecinal Ulloa Viva, la exclusión de la planificación eléctrica confirma sus advertencias. Consideran la decisión “una buena noticia” que, no obstante, “no es el golpe definitivo”.
El colectivo exige a la Xunta que deniegue de manera permanente las autorizaciones pendientes, y acusa a la empresa de impulsar un proyecto “sin encaje socioeconómico ni medioambiental” que responde solo a “beneficios privados”.
La entidad subraya la movilización social mayoritaria que desde hace más de un año se opone a la planta, y advierte de que, si la Xunta mantiene la tramitación, están dispuestos a acudir a los tribunales.
