El pleno del Concello de Santiago ha aprobado una modificación fiscal que permitirá imponer un recargo de entre el 50 % y el 150 % en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas que permanezcan desocupadas durante dos o más años, siempre que su propietario acumule al menos cuatro inmuebles.
La medida, impulsada por el gobierno local (BNG y Compostela Aberta) y respaldada por el PSOE y las concejalas no adscritas, busca movilizar el parque de pisos vacíos en la ciudad. Para aplicarla, el consistorio elaborará un censo de inmuebles deshabitados, basándose en consumos de suministros y datos del padrón municipal. El acuerdo incluye además bonificaciones en el IBI y en el impuesto de construcciones para viviendas de promoción pública.
El debate estuvo marcado por las críticas del PP, que votó en contra junto a sus once concejales. Los populares defendieron la necesidad de incentivar el alquiler asequible en lugar de “castigar con más impuestos”. Aunque el PSOE apoyó el recargo, su portavoz Marta Abal advirtió de la falta de un diagnóstico claro sobre la vivienda vacía en la capital gallega y reclamó un censo riguroso.
Bloqueo a la tasa de la basura y la nueva ordenanza
En cambio, las otras dos grandes reformas fiscales planteadas por el ejecutivo municipal se quedaron en el camino. Ni la subida de la tasa de recogida de basura —que el edil de Hacienda, Manuel César, consideraba obligatoria para cumplir la normativa estatal y afrontar el “tasazo” de Sogama— ni la nueva ordenanza de gestión de residuos lograron la mayoría necesaria.
Populares y socialistas coincidieron en rechazar ambas propuestas, alegando deficiencias en la prestación del servicio y en el texto de la ordenanza.
La alcaldesa, Goretti Sanmartín, lamentó el bloqueo y reprochó a la oposición anteponer “intereses de partido” frente a los de la ciudadanía, mientras los grupos contrarios insistieron en la necesidad de mejorar la limpieza urbana antes de exigir más esfuerzo fiscal a los vecinos.
