BNG y PSdeG han elevado la presión sobre la Xunta al acusarla de bloquear sistemáticamente el acceso a información relacionada con el acuerdo entre Altri y la ya disuelta sociedade mixta Impulsa Galicia. Ambas formaciones denuncian un «trato de favor» hacia intereses privados por parte del Ejecutivo de Alfonso Rueda.
El viceportavoz del BNG, Luís Bará, anunció que su grupo ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por lo que califican como una «negativa reiterada» del Gobierno gallego a facilitar documentos sobre el acuerdo con Altri, formalizado mediante un memorando de entendemento en 2021.
Bará sostiene que ese documento dio pie a una alianza público-privada que evolucionó hacia el actual proyecto industrial en Palas de Rei, lejos de los objetivos iniciales de producción de fibras textiles. También exige detalles sobre el concurso internacional que habría servido para seleccionar a Altri, del que no consta información pública, y sobre un posible pacto definitivo firmado a posteriori.
Desde el BNG se alerta de que la ocultación de esta información puede suponer una forma de blindaje ante un posible fracaso del proyecto, dado que la legislación vigente permite a las empresas reclamar compensaciones económicas si sus proyectos estratégicos no salen adelante. Altri ya habría invertido unos 25 millones de euros, según estimaciones publicadas.
El PSdeG habla de “veto informativo” y apunta a contratos con la empresa de Montoro
En paralelo, el grupo socialista ha solicitado el amparo del Parlamento gallego por lo que consideran un «veto informativo» al acceso a documentos esenciales sobre Impulsa Galicia, Altri y los contratos adjudicados a la consultora Equipo Económico, vinculada al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
Los deputados Aitor Bouza y Patricia Iglesias explicaron que la Xunta impidió hasta nueve veces el acceso a expedientes sobre la creación de Recursos de Galicia, la nueva sociedad público-privada que toma el relevo de Impulsa. Critican que, pese a tener mayoría accionarial y derecho de voto en ambas entidades, la Xunta insista en calificarlas como «privadas» para negar el acceso a los documentos.
Bouza reveló que entre los contratos firmados con Equipo Económico figura un informe en PowerPoint de apenas 27 páginas sobre la fusión de las antiguas cajas gallegas, sin contenido técnico relevante, por el que la Xunta pagó más de 170.000 euros. «Es un ejemplo claro de clientelismo y puertas giratorias», denunció.
Tanto el BNG como el PSdeG consideran que esta situación revela una falta de rendición de cuentas por parte del Gobierno gallego y ponen el foco en el uso de fondos públicos para beneficiar a empresas con vínculos políticos. No descartan emprender más acciones si no se garantiza el derecho de los diputados a ejercer su labor de control.
