La Xunta de Galicia ha introducido cambios en la Ley de Protección del Paisaje de Galicia de 2008 a través de la Ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos autonómicos para 2026. La reforma otorga prioridad legal a la construcción y explotación de parques eólicos y a sus infraestructuras de evacuación, al reconocerlas como de interés público superior frente a la normativa de protección paisajística.
La denominada “ley de acompañamiento”, que cada año modifica decenas de normas autonómicas junto con los presupuestos, añade una disposición adicional a la Ley del Paisaje que declara expresamente ese interés público superior. Según el texto, esta consideración se tendrá en cuenta como elemento de “singular relevancia” en la evaluación de los impactos paisajísticos y ambientales de los proyectos eólicos, así como en los procedimientos administrativos de autorización.
De esta forma, la Xunta establece que la instalación de parques eólicos se considerará “compatible con los objetivos de calidad paisajística” recogidos en las Directrices del Paisaje de Galicia. Solo se considerará la existencia de impactos paisajísticos críticos en casos excepcionales, cuando la instalación de aerogeneradores en áreas de especial interés produzca una pérdida permanente e irreversible de la calidad ambiental, incluso con la adopción de medidas correctoras.
Alineación con la normativa europea
El Gobierno gallego justifica la modificación en la necesidad de acelerar el despliegue de energías renovables, en línea con las directrices de la Unión Europea y el reglamento europeo en vigor desde diciembre de 2022, que permite aplicar mecanismos de simplificación y prioridad en los procesos de autorización de proyectos energéticos.
En la exposición de motivos, la Xunta subraya que los tribunales y autoridades competentes deberán otorgar prioridad a la construcción y explotación de instalaciones eólicas, siempre que se apliquen las medidas de mitigación adecuadas. Además, la norma aclara que la presunción de interés público superior de las energías renovables —ya introducida en la ley de acompañamiento de 2024— tendrá vigencia permanente hasta alcanzar la neutralidad climática y se aplicará de forma retroactiva a todos los proyectos sin autorización definitiva antes del 30 de diciembre de 2022.
Cambios adicionales en patrimonio y competencias locales
Más allá del ámbito energético, la ley de acompañamiento también transfiere nuevas competencias a los ayuntamientos en materia de patrimonio cultural. A partir de ahora, los concellos serán los encargados de autorizar intervenciones en bienes catalogados con protección estructural o ambiental, en sus entornos o zonas de amortiguación, sin necesidad de una autorización previa de la Consellería de Cultura.
Asimismo, los municipios de más de 50.000 habitantes asumirán la gestión de actuaciones en tramos urbanos de los Camiños de Santiago, mientras que la Xunta mantendrá la competencia exclusiva sobre los Bienes de Interés Cultural (BIC) y aquellos con protección integral.
El Ejecutivo autonómico argumenta que esta medida busca agilizar trámites y facilitar la construcción de vivienda, defendiendo que los ayuntamientos poseen un mayor conocimiento de la realidad local.
Una práctica reiterada y criticada por la oposición
Como cada año desde la etapa de Alberto Núñez Feijóo, la Xunta utiliza la ley de acompañamiento para modificar un amplio conjunto de normas sin relación directa con las cuentas públicas. En esta ocasión, el texto incluye más de medio centenar de cambios legales, afectando a 37 leyes autonómicas y varios decretos.
La oposición vuelve a criticar esta práctica, que considera una “puerta de atrás” para alterar la legislación sin un debate parlamentario detallado. El Gobierno gallego, por su parte, se ampara en el aval del Tribunal Constitucional, que ha respaldado la constitucionalidad de este instrumento legislativo.
Con esta nueva modificación, la Xunta refuerza su apuesta por la energía eólica como pilar de la transición energética y por la simplificación administrativa como vía para reactivar proyectos bloqueados judicialmente en los últimos años.
