En las últimas 24 horas la Audiencia Nacional volvió a escuchar la voz de uno de los hombres clave del caso Gürtel. Pablo Crespo, ex secretario de Organización del Partido Popular de Galicia y número dos de la red dirigida por Francisco Correa, se sentó ante el tribunal y admitió su responsabilidad en el entramado de empresas y cuentas opacas que sirvió para financiar campañas y obtener contratos públicos durante años. “He sido, con Correa, el máximo responsable de cuantos delitos se han relatado aquí”, reconoció.
Su declaración forma parte de la última fase judicial de Gürtel, una causa con más de 90 condenas firmes que lleva dieciséis años revelando una mecánica común: dinero en efectivo, adjudicaciones amañadas y una estructura de financiación paralela que benefició al Partido Popular en varias comunidades. Crespo no se desdijo de nada. Se ratificó en todo lo que había confesado anteriormente, tanto en fases previas del proceso como en su comparecencia parlamentaria de 2018, donde ya había reconocido que las campañas del PPdeG se financiaron en parte con dinero negro.
Aunque en las sesiones de octubre no se detallaron territorios concretos, su testimonio sirvió para devolver a Galicia al centro del mapa. La confesión de Crespo y su pasado como alto cargo del PPdeG reavivan un debate que nunca llegó a cerrarse del todo: el de la pata gallega de la trama Gürtel.
El engranaje de la financiación paralela
En los años noventa, mientras Manuel Fraga presidía la Xunta con mayorías absolutas, el Partido Popular de Galicia consolidaba un poder orgánico que mezclaba política, administración y estructura económica. En ese ecosistema, Crespo ocupaba un cargo decisivo: secretario de Organización. Por debajo de Fraga y de Xosé Cuiña —secretario general y conselleiro de Obras Públicas— era el encargado de articular las campañas, coordinar los actos y supervisar la maquinaria interna del partido.
Fue precisamente en ese ámbito donde comenzaron a operar las empresas del grupo de Correa, con Special Events como buque insignia. Entre 1996 y 1999, la compañía se encargó de prácticamente todos los actos y mítines del PP gallego. Facturaba montajes, iluminación, propaganda y logística, pero detrás de esa fachada se movía un sistema de facturas falsas y pagos en efectivo.
Un informe policial incorporado años después al sumario concluyó que más del 50 % de los gastos de las campañas del PPdeG en ese periodo —alrededor del 52 %— se abonaron fuera de la contabilidad oficial. En términos prácticos, más de tres millones de euros circularon por la red empresarial de Crespo sin control fiscal. Parte de esos fondos acabó en cuentas suizas que él mismo administraba.
Durante su declaración de octubre, Crespo no repasó mitin por mitin lo ocurrido en Galicia, pero su confesión de responsabilidad total encaja con esa operativa. Admitió haber gestionado personalmente los fondos opacos de Correa y haber diseñado el sistema de sociedades que servía para canalizar dinero de procedencia irregular. En su propia definición: una “estructura paralela” que mezclaba ingresos públicos y privados para sostener la maquinaria política del partido.
Feijóo lo mantuvo en el poder
El nombre de Pablo Crespo no desapareció de la administración gallega cuando dejó la secretaría de Organización. Muy al contrario: siguió vinculado a la Xunta incluso después de que se conocieran las primeras sospechas sobre su papel en la trama.
Cuando Fraga formó su último Gobierno, Alberto Núñez Feijóo fue nombrado conselleiro de Política Territorial, y bajo su consellería estaba el ente público Portos de Galicia. Durante los dos años y medio en que Feijóo ocupó ese cargo mantuvo a Crespo como su representante en el consejo de administración de Portos, pese a que el propio Fraga había reconocido que el partido era consciente desde 1999 de las irregularidades que le rodeaban.
Preguntado por aquel nombramiento, Feijóo aseguró no recordar su designación y declaró que “ni siquiera sabía que estaba nombrado”. Desde la Xunta se explicó entonces que había heredado el equipo de su predecesor, Xosé Cuiña, considerado protector de Crespo dentro del PPdeG.
A pesar de esas explicaciones, Crespo no fue cesado hasta la llegada del Gobierno de Emilio Pérez Touriño en 2005. Feijóo, ya como líder del PP gallego, evitó abrir una investigación interna y se limitó a afirmar que prefería “dejar que la Justicia investigue a fondo este asunto”. Tampoco exigió responsabilidades a Fraga, que defendió haber expulsado del partido a Crespo “nada más saber algo” sobre la trama.
Este episodio ilustra hasta qué punto la figura de Crespo permaneció integrada en la estructura política de la Xunta y del PP incluso después de conocerse sus vínculos con el caso Gürtel. La frontera entre lo orgánico y lo institucional se difuminó, y la red que él mismo había ayudado a construir continuó orbitando alrededor del poder autonómico.
Una red con acento gallego
Las investigaciones posteriores confirmaron que la Gürtel no fue una trama exclusivamente madrileña o valenciana. También operó en Galicia, donde se detectó una red de unas veinte empresas con sede en la comunidad utilizadas para lograr adjudicaciones públicas y canalizar pagos en B. Entre ellas figuraban sociedades vinculadas a Special Events y a otros proveedores habituales del PPdeG durante las campañas de los años noventa.
Los informes de la UDEF describen un esquema repetido: contratos inflados, facturas simuladas y reposiciones en efectivo que terminaban financiando actos políticos. Las mismas empresas trabajaban indistintamente para administraciones y para el partido, un sistema que diluía los límites entre lo público y lo privado.
Crespo lo admitió de manera indirecta: reconoció haber custodiado los fondos de Correa en Suiza y haberse encargado de canalizar el dinero que sostenía tanto la estructura empresarial como los gastos del partido. Su confesión, aunque sin citar territorios concretos, encaja perfectamente con la parte del sumario que describe la financiación irregular del PP gallego durante los años en que él controlaba su organización.
La pata gallega de la Gürtel no se entiende sin la figura de Crespo, pero tampoco sin el contexto que le permitió actuar: una estructura de partido que concentraba poder y recursos en manos de un reducido grupo de dirigentes. Su permanencia en la administración autonómica hasta 2005 demuestra que su influencia no se limitó al aparato del partido.
