Ecoloxistas en Acción ha presentado una denuncia contra varios altos cargos de la Xunta de Galicia y contra el responsable de la compañía sueca Eurobattery Minerals por lo que consideran una prórroga “irregular” de tres décadas para la concesión minera San Juan, situada en el municipio ourensano de A Gudiña.
Según explicó la organización en un comunicado, la denuncia penal se dirige contra el director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, y la directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría. También incluye al administrador de Eurobattery Minerals y de su filial en Ourense, Tungsten San Juan SL, Roberto García Martínez. Se les atribuyen posibles delitos de prevaricación, desobediencia y daños al medio ambiente.
El colectivo ecologista recuerda que el proyecto minero acumula dos sentencias firmes, emitidas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y por el Tribunal Supremo, que obligaban a someter cualquier ampliación de la concesión a una nueva evaluación de impacto ambiental. Además, al encontrarse la explotación a apenas dos kilómetros de Portugal, sostienen que debía haberse realizado también una evaluación transfronteriza.
La organización advierte de que el plan podría provocar impactos “graves” en el río Rabaçal, debido al vertido de aguas con altas concentraciones de metales pesados sin tratamiento previo. La mina se ubicaría aguas arriba de la frontera lusa y del parque natural de Montesinho, un espacio integrado en la Red Natura 2000.
Ecoloxistas en Acción señala igualmente que el colectivo portugués Movimento Uivo ha llevado el caso ante las autoridades del país vecino, y que otras plataformas lusas han acudido a instancias europeas para frenar la actividad de la empresa.
El proyecto autorizado por la Xunta en 2015 planteaba la extracción de unas 50.000 toneladas de material en cinco explotaciones a cielo abierto durante una década, con una plantilla de 11 empleados. El mineral se trasladaría a la mina de San Finx, en Lousame, para su procesamiento. Sin embargo, la iniciativa nunca llegó a ejecutarse y su declaración de impacto ambiental caducó cuatro años después, recalca la organización.
El colectivo ecologista también recuerda que la empresa, de capital sueco, inició recientemente movimientos de tierra en la zona y ya cuenta con antecedentes en Galicia. En 2020 intentó abrir una explotación de níquel en Santa Comba y Coristanco y fue sancionada por realizar sondeos sin autorización. Pese a que la concesión en la que actuaba fue declarada caducada, denuncian que Eurobattery nunca comunicó esta circunstancia a sus inversores.
Por último, advierten de que la compañía pretende presentar el proyecto de A Gudiña a la convocatoria de proyectos estratégicos europeos de la Comisión Europea, que permanece abierta hasta enero de 2026, con el objetivo de agilizar trámites y permisos “obviando la legislación sobre aguas y la normativa de protección ambiental”.
