La filtración de unos audios del CEO del grupo Ribera en los que se plantea rechazar pacientes y manipular la actividad asistencial para mejorar los resultados económicos ha desatado una tormenta política y reabierto el debate sobre la externalización de servicios sanitarios. Las grabaciones no se refieren a ningún hospital gallego, pero el impacto en Galicia es inevitable: Ribera es hoy uno de los grupos privados con mayor peso en el sistema sanitario de la comunidad.
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha intentado lanzar un mensaje de tranquilidad asegurando que los hospitales del grupo “están supervisados” por la administración. Sin embargo, el contenido de los audios y la trayectoria reciente del grupo en Galicia sitúan el foco en un modelo cuyo equilibrio entre interés público y beneficio empresarial vuelve a cuestionarse.
La entrada de Ribera en Galicia comenzó en 2019 con la compra de Povisa a la familia Silveira, cuando el hospital atendía a más de 130.000 pacientes públicos. A partir de ahí, la expansión fue rápida: en 2020 adquirió el hospital lucense Polusa y en 2021 el ferrolano Juan Cardona, al tiempo que incorporaba clínicas en A Coruña y Viveiro.
El grupo, originario de Valencia, ha ido cambiando de manos en los últimos años. Tras su etapa bajo control de la estadounidense Centene Corporation, desde 2022 está en manos de la francesa Vivalto Santé, uno de los grandes conglomerados sanitarios europeos. Su estrategia de crecimiento incluye intentos fallidos de comprar hospitales gallegos en la diáspora, como el Centro Gallego de Buenos Aires o la Casa de Galicia en Montevideo.
En este contexto, Galicia se ha convertido en uno de los territorios donde el grupo tiene más presencia relativa dentro del sistema público: Povisa, Polusa y Juan Cardona forman ya una red que atiende tanto actividad concertada como privada, con un peso creciente en áreas urbanas clave.
Povisa: menos pacientes, más dinero público
El caso de Povisa es especialmente significativo. El hospital atiende hoy a entre 110.000 y 116.000 pacientes públicos del Sergas, una cifra que ha descendido de forma sostenida en los últimos años por las solicitudes de traslado al sistema público. Sin embargo, el esfuerzo económico para financiar el centro ha seguido en aumento. El actual concierto entre el Sergas y Povisa entró en vigor el 12 de abril de 2025, tras varias prórrogas previas, y supone un desembolso de 195 millones de euros para los dos próximos años. La cifra se traduce en 97,5 millones anuales, lo que representa un incremento aproximado del 16% respecto al acuerdo anterior.
Este nuevo contrato mantiene a Povisa como el gran centro concertado del área sanitaria de Vigo, responsable de la atención especializada de unas 116.000 personas de municipios como Cangas, Moaña, Baiona, Nigrán, Gondomar y parte de Vigo. La principal novedad del acuerdo es el cambio en la fórmula de pago: el Sergas deja atrás el sistema “per cápita” y pasa a abonar únicamente los procesos realmente realizados. La Xunta sostiene que este giro se ajusta a las recomendaciones del Consello de Contas y permite un control presupuestario más preciso.
Es un modelo conocido en otros territorios y no exento de riesgos. Diversos especialistas y sindicatos alertan de que puede fomentar la realización de procedimientos innecesarios o priorizar intervenciones rentables frente a otras menos lucrativas, especialmente en entornos donde la población adscrita disminuye. En Povisa, de hecho, un tercio de los médicos de urgencias dimitió recientemente en protesta por lo que consideran presiones derivadas del modelo asistencial.
Desde 2014, el concierto con Povisa ha absorbido una parte relevante del presupuesto sanitario gallego. Los informes del Consello de Contas reflejan que el Sergas destinó alrededor de 75 millones anuales al hospital entre 2014 y 2017, una cifra que subió hasta los 78 millones en los ejercicios posteriores. Solo en ese periodo, el centro ingresó casi 690 millones de euros por actividad concertada, aunque una parte del importe de 2014 corresponde todavía al convenio anterior.
Si se suman los años 2023 y 2024 en niveles similares de gasto —unos 78 millones por ejercicio— y los algo más de 30 millones abonados durante la última prórroga antes de la firma del acuerdo vigente, la cantidad acumulada supera ampliamente los 870 millones de euros. Es una cifra que ilustra el peso que Povisa ha tenido, y sigue teniendo, en la estructura del gasto sanitario público en Galicia.
La grabación del CEO
La grabación publicada por El País recoge al CEO de Ribera, Pablo Gallart, instruyendo a directivos del hospital de Torrejón —gestionado por la empresa en Madrid— a rechazar pacientes de baja rentabilidad y a ajustar las listas de espera para mejorar el EBITDA. «Facemos actividade que nos prexudica», afirma Gallart, al tiempo que plantea un aumento de beneficios de «catro ou cinco millóns». El diario señala que la orden incluía no atender a pacientes no adscritos cuyo tratamiento no fuese rentable. La empresa sostiene que las declaraciones están “fuera de contexto”, pero las implicaciones son evidentes: la actividad asistencial se aborda como una variable empresarial, no como un derecho.
La pregunta que surge es obvia: ¿qué mecanismos existen en Galicia para evitar que dinámicas similares permeen los centros gestionados por Ribera? Tras la difusión de los audios, el conselleiro de Sanidade trató de rebajar la preocupación insistiendo en que los centros gestionados por el grupo están “bajo supervisión” y sujetos a mecanismos de control específicos. Recordó que el contrato vigente con Povisa incorpora una serie de obligaciones destinadas, según la Xunta, a garantizar que la actividad asistencial se ajuste a criterios públicos y no a intereses de rentabilidad.
Entre esas obligaciones figura la inversión anual mínima del 3% del importe del contrato en la mejora de equipamientos e infraestructuras, un compromiso que pretende asegurar que el hospital mantenga estándares tecnológicos y materiales adecuados. El acuerdo también exige la integración total de la historia clínica del centro con el sistema IANUS del Sergas, lo que permite un seguimiento más directo de su actividad y homogeneiza el acceso a la información de los pacientes.
El conselleiro destacó igualmente que el pago a Povisa está regulado mediante tarifas públicas y sometido a una unidad específica encargada de supervisar tanto la actividad como el gasto generado, un dispositivo que, en teoría, permitiría detectar desviaciones o irregularidades. A esto se suma la reserva de los procedimientos de alta complejidad para el Hospital Álvaro Cunqueiro, lo que mantiene en manos del sistema público la atención de los casos más delicados.
La Xunta defiende que este conjunto de herramientas permite controlar de forma efectiva la actividad de los centros concertados y evitar prácticas que puedan distorsionar la atención sanitaria. Sin embargo, la aparición de los audios ha puesto de relieve hasta qué punto esos mecanismos deben ser suficientemente exigentes para impedir que los incentivos empresariales condicionen la prestación de un servicio financiado con fondos públicos.
