La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha exigido la dimisión del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, después de que este insinuase que la Policía Autonómica podría dejar de asumir funciones que no son estrictamente autonómicas —entre ellas la protección de mujeres víctimas de violencia machista— si no se mejora la financiación por parte del Ministerio del Interior.
Rey consideró que unas declaraciones de este calibre son incompatibles con el ejercicio de un cargo público y afirmó que la violencia de género no puede utilizarse como instrumento de confrontación política. A su juicio, condicionar la seguridad de las víctimas a una negociación institucional supone una actuación irresponsable y bochornosa, más aún cuando no ha habido rectificación ni disculpas posteriores.
El respaldo explícito de Alfonso Rueda a su conselleiro
Lejos de desautorizar a Calvo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, salió en su defensa y respaldó públicamente el planteamiento de su conselleiro. Rueda argumentó que el apoyo de la Policía Adscrita a las víctimas de violencia machista fue una colaboración iniciada en 2016, cuando la unidad contaba con más efectivos, y que en la situación actual resulta complicado mantener ese servicio.
El jefe del Ejecutivo gallego defendió que Galicia es la única comunidad que destina a su policía adscrita a estas funciones y subrayó que la responsabilidad principal corresponde a la Policía Nacional. Según Rueda, la Xunta ha actuado con buena fe y ha planteado una propuesta para reforzar la unidad, reclamando llegar a los 500 agentes, frente a los algo más de 330 actuales, pero acusó al Ministerio del Interior de no mostrar interés en el acuerdo.
La respuesta del Gobierno central y de Igualdad
Las palabras de Calvo provocaron una reacción inmediata del Gobierno de España. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, afirmó que su departamento no va a tolerar “amenazas” relacionadas con la atención a las víctimas y advirtió de que se exigirá el cumplimiento estricto de la ley contra la violencia de género y de los compromisos del Pacto de Estado.
Desde el Ejecutivo central se insiste en que la protección de las mujeres no puede convertirse en moneda de cambio dentro de una negociación administrativa ni quedar supeditada a discrepancias presupuestarias.
Críticas de la oposición y presión política creciente
En el Parlamento de Galicia, PSdeG y BNG reclamaron a Alfonso Rueda que desautorizase a su conselleiro y garantizase de forma clara que la protección a las víctimas de violencia machista no se verá afectada. Ambos grupos coincidieron en denunciar que se están traspasando límites inadmisibles al usar una cuestión tan sensible como elemento de presión política.
