El Consejo de Ministros ha dado luz verde en segunda vuelta al anteproyecto de ley para la condonación parcial de deuda autonómica, una medida que permitirá al Estado asumir 4.010 millones de euros de la deuda de Galicia. Esta iniciativa se enmarca en un plan estatal más amplio que contempla la asunción de 83.252 millones de euros del conjunto de comunidades autónomas del régimen común.
En el caso gallego, la quita supone un alivio relevante para unas finanzas autonómicas que arrastran una deuda superior a 12.800 millones de euros. Según el Gobierno central, la medida busca corregir el sobreendeudamiento originado tras la crisis financiera y mejorar la capacidad de las comunidades para financiarse, además de generar un ahorro en intereses que podría destinarse a reforzar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia.
El texto legal ya ha sido remitido al Congreso de los Diputados, donde iniciará su tramitación parlamentaria. La previsión del Ejecutivo es que la norma pueda quedar aprobada de manera definitiva en el primer trimestre de 2026. Una vez en vigor, las comunidades dispondrán de un plazo amplio para decidir si se acogen o no a la condonación.
La propuesta ha abierto un intenso debate político en Galicia. El BNG ha pedido al Gobierno gallego que rectifique su rechazo a la quita y aproveche la posibilidad de reducir deuda. Su portavoz de Hacienda, Noa Presas, ha defendido que se trata de una “oportunidad histórica” para la comunidad y ha advertido de que renunciar a los 4.010 millones supondría un grave perjuicio para las cuentas públicas, especialmente en un contexto en el que el gasto financiero crece año tras año.
Desde el Gobierno central se confía en que, pese a las críticas iniciales del PP, las comunidades gobernadas por este partido terminen acogiendo la medida. En el reparto global, Galicia se sitúa en una posición intermedia en volumen absoluto de condonación, pero con un impacto significativo en la reducción de su deuda.
La aplicación de la quita variará según el tipo de deuda de cada comunidad, aunque en todos los casos será el Estado quien asuma la carga. En Galicia, la decisión final de la Xunta marcará uno de los principales debates económicos y políticos de los próximos meses.
