El Cuartel de San Fernando lleva tanto tiempo esperando una rehabilitación que el futuro Museo da Romanización forma parte ya de esa lista de proyectos que en Lugo se citan casi en pasado, aunque nunca hayan llegado a existir. Se habló de él, se diseñó, se prometió y se volvió a prometer, pero la obra nunca arrancó. Ahora, el Concello ha decidido buscar en el Gobierno central lo que no consigue de la Xunta: concurrir al programa estatal del 2 % Cultural para intentar financiar la mayor parte del proyecto y, al mismo tiempo, forzar a la administración autonómica a definir de una vez su compromiso con la ciudad.
El alcalde, Miguel Fernández, anunció que el Ayuntamiento presentará el proyecto a esta línea de ayudas con un objetivo muy concreto: lograr que el Estado cubra hasta el 75 % de la rehabilitación del antiguo cuartel y reservar el 25 % restante en los presupuestos municipales de 2026. La decisión no llega acompañada de grandes titulares, pero sí de una lectura clara por parte del gobierno local. Después de años de reuniones, peticiones y declaraciones cruzadas, el Concello opta por presentar un esquema financiero viable y dejar por escrito que está dispuesto a poner dinero sobre la mesa si el proyecto obtiene financiación mayoritaria. «O Museo da Romanización é un proxecto de cidade irrenunciable. Lugo leva demasiados anos esperando e merece avanzar cunha folla de ruta clara», subrayó el regidor.
El 2 % Cultural es un programa estatal que destina parte de la inversión pública en grandes infraestructuras a la conservación del patrimonio histórico. En la práctica, funciona como una convocatoria a la que las administraciones presentan proyectos de rehabilitación con memorias técnicas, presupuestos detallados y compromisos económicos cerrados. Si la propuesta es aceptada, el Estado asume la mayor parte del coste de la intervención.
Para Lugo, esta vía no es solo una posibilidad de financiación. Es, sobre todo, la oportunidad de salir de la dinámica de pequeñas consignaciones que no se traducen en obra. En los últimos años, el coste estimado de la rehabilitación del Cuartel de San Fernando se ha ido revisando al alza y hoy se mueve en torno a los 15 millones de euros. A estas cifras, cualquier demora no solo retrasa el museo, sino que lo encarece. Por eso, el Concello ha decidido reservar ya en sus presupuestos la parte que le correspondería asumir si la ayuda llega.
«A concesión desta axuda, que cubriría o 75% do investimento, implica que o Concello dispoña do 25% restante consignado nos seus orzamentos, algo que xa incluímos nas contas para 2026», explicó Fernández. Con este gesto, el Ayuntamiento quiere demostrar que no está esperando a que otros muevan ficha, sino que se coloca en posición de cumplir desde el primer día.
Pulso con la Xunta
El movimiento del Concello llega después de otro intento de desbloqueo que tampoco obtuvo respuesta. En noviembre, Miguel Fernández solicitó una reunión urgente con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para abordar de manera directa el futuro del museo. A día de hoy, esa reunión sigue sin fecha. En el Ayuntamiento interpretan este silencio como una muestra más de la dificultad para situar el proyecto entre las prioridades reales del Gobierno gallego.
El argumento municipal se apoya en una idea que se repite desde hace años: la Xunta es la administración competente en materia de patrimonio arqueológico. No se trata únicamente de levantar un museo nuevo, recuerdan, sino de dar salida a un volumen importante de piezas romanas —más de 15.000 catalogadas— que hoy siguen dispersas y sin un espacio de referencia estable. Desde esta óptica, el Museo da Romanización no es una infraestructura cultural más, sino una necesidad patrimonial.
En este punto, Fernández ha endurecido el tono y ha empezado a comparar la situación de Lugo con otras inversiones culturales asumidas por la Xunta en diferentes ciudades. Frente a proyectos con cifras, calendarios y compromisos plurianuales, Lugo sigue sin una hoja de ruta definida. «É inxustificable que mentres a Xunta compromete fondos millonarios para outros proxectos, Lugo siga sen recibir resposta», insiste el alcalde.
Casi dos décadas de demandas
Mientras el Concello intenta ahora abrir una puerta en el Gobierno central, en Lugo vuelve a tomar fuerza una sensación que no es nueva: la de una ciudad que lleva más de dos décadas esperando a que la Xunta cumpla con un proyecto que ella misma asumió y luego dejó a medio camino.
El Museo da Romanización no aparece en la agenda política en 2025. Forma parte del debate público lucense desde principios de los años 2000, cuando se firmó el primer acuerdo por el que el Ayuntamiento compraba el Cuartel de San Fernando al Ministerio de Defensa para cederlo a la Xunta con un objetivo muy concreto: que el Gobierno gallego lo rehabilitase y lo convirtiese en el gran museo dedicado al pasado romano de la ciudad.
En 2008, Xunta y Concello rubricaron un protocolo que formalizaba ese compromiso. Un año después, el edificio fue declarado Bien de Interés Cultural, lo que situaba la intervención en el terreno de las obligaciones patrimoniales y no solo en el de las decisiones políticas. En 2010, la propia Xunta llegó a convocar un concurso de ideas para la rehabilitación del cuartel como museo. El proyecto existía, la ubicación estaba definida y el coste de la obra se situaba entonces en torno a los diez millones de euros.
Pero en 2013 todo quedó congelado. El Gobierno gallego renunció al proyecto cuando ya había un diseño básico adjudicado y una hoja de ruta técnica definida. Desde entonces, el Museo da Romanización pasó a formar parte de esa lista de compromisos que siguen vivos en los discursos, pero que no se traducen en obra.
Miles de piezas sin museo
El bloqueo no es una cuestión abstracta. Lugo custodia hoy más de 15.000 piezas arqueológicas catalogadas, la mayoría de época romana, muchas de ellas almacenadas en dependencias municipales, provinciales o autonómicas, y otras dispersas en locales, almacenes e incluso domicilios privados vinculados a trabajos arqueológicos. No existe un espacio de referencia para su conservación, estudio y exposición pública.
Desde hace años, el Concello repite que el Museo da Romanización no es un capricho cultural, sino una necesidad patrimonial. La ciudad más antigua de Galicia sigue sin un centro estable que ordene, proteja y muestre un legado que, en la práctica, permanece fragmentado y fuera del alcance del público.
Ya en 2018, el Ayuntamiento denunciaba públicamente que se cumplían diez años del protocolo sin que la Xunta hubiese dado pasos reales para ejecutar la obra. Entonces, la implicación autonómica se limitaba a convenios de mantenimiento que apenas permitían mantener el edificio en pie, muy lejos de una rehabilitación integral. Siete años después, el diagnóstico sigue siendo muy parecido.
En octubre de 2024, la Xunta volvió a pronunciarse sobre el museo para asegurar que mantenía su apoyo al proyecto, aunque vinculándolo a que el Concello obtuviese financiación estatal o europea. Para el gobierno local, esa posición supone, en la práctica, una forma de aplazamiento: el apoyo existe, pero no se concreta en liderazgo, calendario ni inversión estructural.
En los últimos meses, el Ayuntamiento ha vuelto a reclamar avances tras comprobar que partidas autonómicas incluidas en presupuestos no se traducían en actuaciones reales. Y ahora, con la petición de reunión al presidente Rueda aún sin respuesta, Lugo ha optado por buscar fuera de Galicia lo que no logra dentro: una financiación mayoritaria que permita poner el proyecto en marcha.
