El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado un primer paso para esclarecer la relación entre la Xunta de Galicia y la multinacional pastera Altri al admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el BNG. La iniciativa judicial busca que el Gobierno gallego haga públicos los acuerdos firmados con la empresa, en especial el memorando de entendimiento suscrito en 2021 a través de la sociedad Impulsa Galicia.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, anunció la decisión judicial durante una visita a una explotación de vacuno en Sarria y la interpretó como una oportunidad para “poner luz” sobre unos compromisos que el Ejecutivo autonómico lleva años ocultando. Según la líder nacionalista, la negativa reiterada de la Xunta a facilitar la documentación demuestra que se trata de pactos favorables para la empresa, pero perjudiciales para Galicia, especialmente para el rural y el sector primario.
Pontón recordó que el acuerdo fue firmado cuando Impulsa Galicia estaba presidida por Francisco Conde, entonces vicepresidente segundo del Gobierno gallego, y que posteriormente la entidad —participada en cerca de un 50 % por capital público— fue disuelta en 2025. Para el BNG, ese cierre alimenta las sospechas de un intento de borrar rastros sobre decisiones clave vinculadas al proyecto de la macrocelulosa de Altri, incluyendo cambios normativos y posibles compensaciones económicas en caso de fracaso de la iniciativa.
La dirigente nacionalista subrayó que el recurso ante la justicia llegó tras el bloqueo del PP a las solicitudes de información registradas por el BNG en el Parlamento gallego desde 2024, incluso aquellas amparadas en el reglamento de la Cámara. En este contexto, calificó el proyecto industrial como una grave amenaza ambiental, social y económica, incompatible —dijo— con un modelo de desarrollo que proteja actividades estratégicas como la ganadería, que en Galicia suma unas 28.000 explotaciones de bovino y miles de empleos ligados al territorio.
En paralelo, Pontón aprovechó su intervención para criticar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al considerar que sitúa a los productores gallegos en desventaja competitiva frente a países con menores exigencias ambientales, sanitarias y de bienestar animal. Reiteró así la oposición del BNG tanto a ese tratado como a la implantación de la macrocelulosa, reclamando a la Xunta y al Gobierno central que se posicionen del lado del sector agrogandero.
Tras conocerse la admisión a trámite del recurso, Pontón retó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a hacer públicos los acuerdos con Altri de forma inmediata y no esperar a que sea la justicia quien lo obligue. “La sociedad gallega tiene derecho a saber a qué se comprometió su Gobierno”, insistió, denunciando una falta de transparencia que, a su juicio, contrasta con las exigencias que el propio Ejecutivo autonómico dirige al Gobierno central.
Las críticas a la opacidad no se limitan al BNG. El PSdeG-PSOE ya había advertido en 2023 en el Parlamento gallego sobre el funcionamiento de las sociedades instrumentales impulsadas por la Xunta, señalando el uso de fondos públicos, las versiones oficiales cambiantes y la ausencia de control parlamentario. Los socialistas también cuestionaron la disolución de Impulsa Galicia en 2025, al considerar que se produjo sin aclarar el futuro de los acuerdos firmados con la multinacional portuguesa.
Con la admisión a trámite del recurso, el TSXG abre ahora un proceso judicial que podría obligar a la Xunta a desvelar un documento largamente reclamado por la oposición, convertido ya en uno de los principales focos de controversia política y social en Galicia.
