La sociedad público-privada Impulsa Galicia —creada por la Xunta de Galicia para captar fondos europeos y promover grandes proyectos industriales— ha quedado formalmente extinguida. El Boletín Oficial del Registro Mercantil certificó el 29 de enero el cese de su última responsable, la liquidadora encargada de cerrar la empresa, lo que supone el punto final definitivo a una sociedad nacida en 2021 y estrechamente ligada al desembarco de Altri en Galicia.
Con este trámite culmina la desaparición de una entidad participada por la Xunta junto a Abanca, Reganosa y Sogama, sin que se haya hecho público el acuerdo firmado en 2021 para impulsar la fábrica de fibras textiles proyectada en Palas de Rei. Ese pacto, rubricado por el entonces vicepresidente y conselleiro de Economía, Francisco Conde, continúa fuera del alcance del Parlamento y de los órganos de control, pese a haber sido clave para la llegada del proyecto.
La disolución de Impulsa Galicia había sido anunciada en agosto del año pasado, cuando la propia sociedad sostuvo que ya había “cumplido su finalidad fundacional”. Entre los logros que citaba figuraban la creación de nuevas sociedades participadas —como Recursos de Galicia—, el impulso al centro de datos de Curtis o el avance en la tramitación administrativa de la planta de Altri. No obstante, el proyecto industrial sigue hoy en el aire, pendiente de la autorización ambiental definitiva, sin conexión eléctrica garantizada y con la financiación aún por concretar.
La fase final de liquidación se cerró a finales de diciembre, tras la aprobación del reparto de los activos entre los socios conforme a su participación, aunque la Xunta no ha detallado qué cantidad recuperó cada uno. El proceso fue supervisado por una directiva vinculada a Xesgalicia y culmina ahora con su cese oficial, dejando a Impulsa Galicia fuera del registro mercantil.
Ese silencio sobre los números y, sobre todo, sobre el contenido del acuerdo de 2021, conecta con la polémica que acompañó a la sociedad desde su nacimiento. Impulsa Galicia fue concebida como un instrumento ágil para estructurar grandes inversiones, pero su propia configuración —una mercantil participada por la Xunta junto a empresas privadas— permitió que decisiones estratégicas y compromisos de alcance público quedasen fuera de los circuitos ordinarios de fiscalización parlamentaria y de la ley de transparencia. La Xunta defendió reiteradamente su naturaleza privada para no facilitar el acuerdo con Altri, mientras la oposición denunció que se estaba utilizando una “sociedad instrumental” para blindar información relevante sobre uno de los mayores proyectos industriales anunciados en Galicia.
El cierre de la sociedad no ha puesto fin a la controversia política. El BNG ha logrado que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia admita a trámite su recurso para acceder al contenido del acuerdo con Altri, mientras que el PSdeG reclama una investigación parlamentaria y la comparecencia tanto de Francisco Conde como del expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
A estas demandas se suma el Consello de Contas, que lleva años reclamando mayor transparencia sobre la participación pública en este tipo de sociedades mixtas sin haber logrado acceder a la documentación. En sus informes ha advertido de los límites de control y de la necesidad de reforzar la rendición de cuentas cuando la Administración actúa a través de sociedades mercantiles, una fórmula que, si bien permite flexibilidad operativa, también puede diluir responsabilidades y dificultar el escrutinio.
