La mayoría absoluta del Partido Popular en el Parlamento de Galicia ha impedido este martes la creación de una comisión de investigación sobre la tramitación del proyecto industrial de Altri en la comarca lucense de A Ulloa. La iniciativa había sido impulsada por el BNG y contó con el respaldo del PSdeG, pero fue rechazada tras un debate marcado por duras acusaciones entre el Gobierno gallego y los grupos de la oposición.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, fue la encargada de defender la propuesta. Según explicó, el objetivo de la comisión era aclarar posibles irregularidades en la gestión del proyecto de la multinacional portuguesa. La líder nacionalista calificó la iniciativa industrial como “el mayor ejemplo de una política industrial fracasada” del Ejecutivo autonómico que preside Alfonso Rueda y denunció falta de transparencia en todo el proceso.
Pontón justificó la petición en tres elementos principales: la reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) relacionada con la protección ambiental en la zona de la Serra do Careón, el acuerdo firmado entre la empresa y la sociedad Impulsa Galicia, y la escasa documentación facilitada al Parlamento. En este sentido, reclamó que la Xunta haga públicos los documentos vinculados al memorando firmado con la multinacional. “Si no desclasifican esos papeles, demostrarán que tienen mucho que ocultar”, advirtió durante su intervención.
Desde el PSdeG, la diputada Patricia Iglesias respaldó la creación de la comisión y recordó que su grupo ha solicitado en varias ocasiones acceso al expediente relacionado con Impulsa Galicia y al contenido del acuerdo con Altri.
La parlamentaria socialista fue más allá y apuntó a un “posible tráfico de influencias” si se confirmase que el Ejecutivo autonómico favoreció intereses privados en la tramitación del proyecto. Iglesias también advirtió de que su partido no descarta acudir a los tribunales si la Xunta continúa negando el acceso a la información.
El PP acusa a la oposición de difundir “bulos”
El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, rechazó de plano las acusaciones y defendió la actuación de la Xunta. Durante el debate calificó las críticas de la oposición como “campañas de difamación basadas en bulos” y aseguró que no existen pruebas de irregularidades.
Pazos también restó relevancia a la sentencia del TSXG mencionada por la oposición, al señalar que no es definitiva y que se refiere a un documento provisional de planificación ambiental. Además, defendió que el proyecto fue sometido a una evaluación ambiental ordinaria, más exigente que otros procedimientos previstos por la ley.
En relación con el acuerdo entre Impulsa y Altri, el portavoz popular sostuvo que existen limitaciones legales para hacer públicos determinados documentos cuando afectan a terceros. “Ojalá un juzgado diga que se puede hacer pública esa documentación para demostrar todo lo que han mentido”, afirmó.
