La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación contra la alcaldesa del municipio ourensano de Vilariño de Conso, Melisa Macía (PP), por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la gestión de contratos menores en el Ayuntamiento. La denuncia fue presentada por el portavoz del BNG en el municipio, Domingo Domínguez, quien sostiene que se habrían producido irregularidades en los procedimientos de contratación.
Macía y la secretaria municipal, Ana María Loureiro, estaban citadas este miércoles para declarar en el juzgado de A Pobra de Trives. Sin embargo, la comparecencia no llegó a celebrarse, ya que la jueza decidió aplazarla a la espera de fijar una nueva fecha.
Denuncia por el uso de contratos menores
La denuncia tiene su origen en los reparos recogidos en distintos informes de intervención elaborados por la secretaría municipal. En estos documentos se advertía de un uso reiterado de contratos menores para obras y suministros, que según el denunciante habrían superado los límites establecidos por la normativa de contratación pública.
La legislación fija topes de 40.000 euros para obras y de 15.000 euros para suministros en este tipo de contratos. Domínguez sostiene que, pese a las advertencias de la secretaría, el gobierno local continuó autorizando pagos mediante levantamientos de reparo.
El portavoz nacionalista explicó que estas observaciones ya figuraban en el informe anual de control interno correspondiente a 2023. A raíz de ese documento, en marzo de 2024 presentó una moción en el pleno municipal solicitando un plan de actuación para corregir las deficiencias detectadas.
Según Domínguez, la propuesta fue aprobada por unanimidad —incluido el grupo de gobierno—, aunque asegura que no se adoptaron medidas posteriores para modificar la situación. Tras reiterar sus advertencias en varios plenos, decidió trasladar el caso a la Fiscalía, que finalmente abrió diligencias de investigación.
La alcaldesa defiende que actuó para garantizar servicios básicos
Por su parte, la regidora defiende que las decisiones adoptadas respondieron a la necesidad de garantizar la continuidad de servicios esenciales en el municipio.
En este sentido, señala que muchas de las contrataciones estaban vinculadas al Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que —según explica— llevaba años funcionando en condiciones precarias. Macía afirma que el pago de facturas era imprescindible para evitar que los usuarios, en su mayoría personas mayores dependientes, se quedasen sin atención.
La alcaldesa insiste en que no hubo intención de eludir los procedimientos legales, sino de asegurar el funcionamiento del servicio mientras se cumplía la obligación de prestar atención a los vecinos.
Además, asegura que tanto ella como la secretaria municipal colaborarán con la justicia y aportarán toda la documentación necesaria para aclarar lo ocurrido.
Desde el consistorio señalan que toda la información relacionada con las contrataciones ya ha sido remitida a los órganos correspondientes y confían en que la investigación permita esclarecer los hechos. Mientras tanto, el procedimiento continúa en fase de diligencias previas a la espera de que el juzgado fije una nueva fecha para las declaraciones.
