La Policía Nacional ha arrestado a un empresario en la provincia de Lugo por su presunta implicación en delitos de explotación laboral, amenazas y detención ilegal de un trabajador extranjero en situación vulnerable.
La investigación se inició después de que la víctima lograra huir y acudiera por sus propios medios a la comisaría de Lugo para denunciar los hechos. Su testimonio, posteriormente verificado por los agentes, destapó una situación de abuso prolongada durante varios meses en una zona rural.
Según la denuncia, el trabajador aceptó un empleo tras recibir la promesa de alojamiento, manutención y un salario en efectivo, una oferta que resultaba especialmente atractiva debido a su situación irregular en España. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. El hombre fue alojado en una vivienda prácticamente en ruinas, sin condiciones básicas de habitabilidad, con graves problemas de humedad y sin ventanas, donde sobrevivía con alimentación basada en productos precocinados.
Además, se le imponían jornadas laborales de más de 15 horas diarias, desde primeras horas de la mañana hasta la noche. A pesar de este ritmo de trabajo, la retribución total que percibió durante unos ocho meses apenas alcanzó los 2.000 euros en total, una cantidad muy por debajo de cualquier estándar legal.
El relato incluye también episodios de violencia física, amenazas y coacciones. En una ocasión, la víctima intentó escapar, pero fue localizada por el empresario, quien la obligó a regresar bajo intimidaciones, manteniéndola retenida contra su voluntad.
Finalmente, el trabajador consiguió huir de nuevo y llegar a la ciudad de Lugo, donde denunció lo ocurrido. Tras su comparecencia, fue atendido por los agentes y trasladado a un centro sanitario, donde se confirmaron lesiones compatibles con los hechos denunciados. Asimismo, los servicios sociales se hicieron cargo de su situación.
La actuación policial permitió identificar y detener al presunto responsable, que ya ha sido puesto a disposición judicial. El caso queda ahora en manos de los tribunales, que deberán determinar las responsabilidades penales correspondientes.
