La Xunta ofrece un plus a los médicos que acorten las bajas de sus pacientes

Podrán cobrar hasta 2.500 euros adicionales al año si, entre otros objetivos, ajustan los tiempos de las incapacidad a lo que el Sergas considera "una duración estándar"
Alfonso Rueda Antonio Gómez Caamaño

La Xunta de Galicia ha decidido incorporar un nuevo criterio en la evaluación del complemento de productividad de los médicos de atención primaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas): la duración de las bajas laborales de sus pacientes.

Esta medida implicará que los profesionales sanitarios puedan ver incrementado su incentivo económico si las incapacidades temporales de los trabajadores se ajustan a lo que la Administración considera una “duración estándar” en función de cada patología.

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El complemento puede alcanzar hasta 2.500 euros anuales, dentro de un sistema de evaluación por objetivos que se revisa cada ejercicio.

Un nuevo criterio dentro del sistema de evaluación

El cambio se integra en los acuerdos de gestión que el Sergas firma con las distintas áreas sanitarias. Hasta ahora, estos acuerdos ya incluían objetivos relacionados con la calidad asistencial y la gestión sanitaria, pero ahora se incorpora también la duración de las bajas como indicador específico.

Entre los factores ya contemplados se encuentran la prescripción de medicamentos genéricos, la participación en programas de cribado poblacional, la actividad investigadora de los profesionales y el impulso de campañas de vacunación. A partir de ahora, la duración de las incapacidades temporales se suma a este conjunto de objetivos, con un peso aproximado del 10% del total del complemento, aunque este porcentaje puede variar según el área sanitaria.

El objetivo: adecuar las bajas a tiempos considerados clínicamente necesarios

Según la Consellería de Sanidade, cada proceso de incapacidad temporal cuenta con una duración orientativa basada en criterios clínicos y estadísticos. El sistema compara la baja de cada paciente con esos tiempos de referencia, teniendo en cuenta variables como la edad, la patología o la evolución prevista.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido en diferentes ocasiones la necesidad de reducir el absentismo laboral, un argumento que enmarca esta medida dentro de una estrategia más amplia de control del gasto público y optimización del sistema sanitario.

Refuerzo del control sobre las bajas laborales

De forma paralela, la Xunta ha intensificado la supervisión de los procesos de incapacidad temporal mediante inspecciones sanitarias. En esta línea, se han revisado miles de casos en coordinación con médicos de familia, lo que en algunos expedientes ha derivado en la emisión de altas tras una reevaluación.

Además, el Gobierno gallego ha anunciado la ampliación del cuerpo de inspectores para reforzar estas tareas de seguimiento en los centros de salud.

Rechazo de sindicatos y profesionales sanitarios

La medida ha generado un notable rechazo entre organizaciones sindicales y profesionales de la medicina.

Comisiones Obreras advierte de que vincular parte del salario de los médicos a la duración de las bajas puede ejercer presión sobre su criterio clínico y simplificar en exceso un problema complejo como el absentismo laboral. El sindicato también critica la falta de consenso en el diálogo social.

Por su parte, la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria sostiene que muchas bajas se prolongan por causas ajenas a la decisión médica, como las listas de espera o los retrasos en pruebas diagnósticas, lo que puede distorsionar la evaluación de los procesos.

Un debate abierto sobre la gestión de las incapacidades temporales

La Consellería de Sanidade enmarca esta medida en un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para el periodo 2025-2028, orientado a mejorar el seguimiento de las bajas laborales.

El Gobierno gallego defiende que el objetivo es garantizar que las incapacidades temporales se ajusten al tiempo estrictamente necesario desde el punto de vista clínico, mientras continúa el debate político y social sobre el equilibrio entre control del gasto, calidad asistencial y condiciones laborales.

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