La Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) ha alertado de que los retrasos para obtener o revisar el certificado de discapacidad en Galicia pueden alcanzar hasta tres años, una situación que considera especialmente grave por su impacto directo en la vida de las personas afectadas.
La denuncia se realizó durante la XXXVI Asamblea Anual de la entidad, celebrada en Santiago de Compostela, donde participaron representantes del movimiento asociativo y la Junta Directiva. En la reunión se presentó el balance del último ejercicio, las cuentas de la organización y la planificación prevista para este año.
Retrasos en los Equipos de Valoración (EVO)
Las cuatro federaciones provinciales de Cogami señalaron que las listas de espera para acceder a una cita con los Equipos de Valoración y Orientación de la Discapacidad (EVO) siguen siendo muy elevadas, incluso después del refuerzo de personal anunciado por la Xunta.
La entidad insiste en que las quejas por demoras continúan llegando desde distintos puntos de Galicia, lo que refleja que el problema persiste a pesar de las medidas anunciadas.
Un acceso tardío que limita derechos fundamentales
Cogami subraya que estas demoras afectan de forma directa a la vida cotidiana de las personas con discapacidad, ya que el certificado es la llave de acceso a múltiples derechos, recursos y servicios esenciales. La falta de una valoración en plazo adecuado dificulta el acceso al empleo, la educación, la atención sanitaria, las prestaciones sociales y las medidas de accesibilidad.
El presidente de la entidad, Anxo Queiruga, recordó que el certificado de discapacidad es “la puerta de entrada a derechos, recursos y prestaciones”, y advirtió de que su retraso implica también retrasar la igualdad de oportunidades.
Ante esta situación, Cogami ha anunciado que solicitará una reunión con la Consellería de Política Social e Igualdad con el objetivo de conocer las medidas en marcha y plantear propuestas que permitan agilizar los procedimientos de valoración y revisión de la discapacidad.
Diez años de retraso en la Ley de Accesibilidad
La asamblea también volvió a poner sobre la mesa la reivindicación del desarrollo reglamentario de la Ley de Accesibilidad de Galicia, en vigor desde 2014. La entidad recuerda que el decreto necesario para su aplicación debió aprobarse en un plazo de dos años, por lo que acumula ya una década de retraso.
Cogami considera que esta situación dificulta la implantación efectiva de medidas de accesibilidad en edificios, servicios públicos, transporte y entornos urbanos, tanto en el ámbito público como privado.
Falta de transporte accesible
Otro de los asuntos abordados fue la escasez de transporte público adaptado, una carencia que afecta especialmente a las personas con movilidad reducida. Según denuncia la entidad, la falta de alternativas obliga a muchas de ellas a depender del taxi para desplazamientos cotidianos como acudir a consultas médicas, realizar gestiones administrativas o llevar a cabo actividades básicas como hacer la compra.
Esta situación se agrava en el medio rural, donde la oferta de transporte es aún más limitada, lo que condiciona de forma significativa la autonomía personal y la participación social de las personas con discapacidad.
