La tensión política entre el Partido Popular y el PSdeG en la provincia de Lugo suma un nuevo capítulo de confrontación. En un clima institucional que ya arrastraba una profunda crispación tras la reciente moción de censura en la capital lucense —un choque que dinamitó los puentes entre ambas formaciones—, el foco de la disputa se traslada ahora al Pazo de San Marcos. En este escenario, el último enfrentamiento se centra en una denuncia del Partido Popular que apunta a una supuesta solicitud del expresidente provincial y actual alcalde de Monforte, José Tomé, para que la institución asumiese el coste de su defensa jurídica en una investigación por un supuesto caso de acoso sexual.
Según la versión esgrimida por los populares, la documentación a la que han tenido acceso constataría que el dirigente socialista presentó una solicitud formal a finales del pasado mes de abril. En ella, siempre según el PP, se pediría a la institución provincial que cubriese una previsión de gastos de 37.000 euros —más IVA— correspondientes a los honorarios del conocido despacho Liaño & Márquez de Prado, encargado de su representación en los juzgados. Aunque el expediente existe administrativamente, la oposición reconoce que, por el momento, la Diputación no ha resuelto ni aceptado dicho abono.
Sin embargo, la sola existencia de este trámite ha servido de munición para que el grupo provincial popular eleve la ofensiva. Su portavoz, Antonio Ameijide, ha sido tajante al advertir que los recursos públicos no pueden destinarse a costear los abogados de un representante investigado por hechos de esta gravedad. «Si tiene problemas con la Justicia, debe pagar a sus abogados de su bolsillo», sentenció en su comparecencia, en la que anunció una moción para el próximo pleno destinada a prohibir este tipo de desembolsos. El PP va un paso más allá e instala la sospecha sobre el actual bipartito (PSdeG-BNG), sugiriendo que la asunción de esta factura podría haber sido una condición impuesta en la sombra para garantizar el apoyo de Tomé a la investidura de la actual presidenta, Carmela López.
La réplica desde las filas socialistas no se ha hecho esperar y ha devuelto el golpe con inusual dureza, desmintiendo de plano la versión de la oposición. El PSdeG niega categóricamente que exista acuerdo alguno, decisión adoptada o instrucción que implique el uso de fondos públicos para sufragar la defensa del expresidente.
En un duro comunicado, acusan al portavoz popular de «mentir deliberadamente» y de retorcer los hechos para orquestar una campaña de «intoxicación» mediática orientada a minar la credibilidad de Carmela López. Los socialistas elevan el tono al advertir que esta estrategia obedece al «modelo indecente y clientelar» dictado por la líder provincial del PP, Elena Candia, acusando a la formación conservadora de «convertir la mentira en un método de oposición» ante la falta de un proyecto político real.
Para desmontar la acusación, los socialistas han aportado el contexto administrativo que, aseguran, el PP oculta de forma consciente. Señalan que la Diputación cuenta con una póliza de responsabilidad civil para autoridades y personal de la Administración General —un instrumento de cobertura ordinario y generalizado en el sector público—.
Subrayan que el funcionamiento de estos seguros se rige por condiciones legales muy estrictas y tasadas, lo que en ningún caso se traduce en decisiones discrecionales, pagos automáticos ni rescates financieros a cargo del erario lucense. Desde el gobierno provincial garantizan que seguirán actuando con «rigor, transparencia y respeto absoluto a la legalidad», remarcando que omitir este condicionante técnico demuestra la «mala fe» de un PP dispuesto a incendiar el debate público sin importar la veracidad de sus acusaciones.
Este choque frontal de relatos —con el PP situando el debate en la ética del gasto y el PSdeG denunciando la manipulación de los procedimientos administrativos— discurre en paralelo a un reloj judicial que sigue avanzando. La investigación contra José Tomé continúa en fase de instrucción después de que la Fiscalía de Lugo rechazara recientemente su archivo prematuro, señalando que la causa está en un estado inicial y quedan diligencias relevantes por practicar.
