Después de 13 años Coté y su mujer se sientan en el banquillo de los acusados de la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, que inició hoy este macrojuicio oral que se prolongará hasta el mes de marzo.
Durante esta vista previa la Fiscalía, que pide para el acusado un total de 334 años de prisión por varios delitos, que van desde lesiones hasta homicidio por imprudencia, modificó sus conclusiones. Pidió al tribunal que la actividad delictiva del falso médico de Ferrol se amplíe a diez años antes de su detención en 2008. Solicitó también el embargo y comiso de todas sus propiedades y elevó el delito de estafa a estafa hiper agravada.
“Han sido 13 años muy largos. Para nosotros el saber que esta persona llega hoy aquí en un furgón policial y esposado ya es una satisfacción”, explicó Esther Fontán, presidenta de la asociación de víctimas de Coté. “Si algo de bueno tiene esto es que nos va a dar la razón a las víctimas de que se trata del mayor estafador de la historia de la pseudomedicina y que durante más de 15 años provocó mucho daño tanto físico, psicológico y económico a muchas familias, que lamentablemente ya no esperan ni siquiera una reparación”, reivindicó.
“Por fin en este pleito donde a día de hoy hay 129 perjudiciados -que no son todos los afectados- se les podrá escuchar y hacer justicia. Ha sido un camino muy largo hasta llegar aquí, pero es cierto que el acusado ya llega a este juicio privado de libertad porque está cumpliendo una sentencia que le impusieron en Castellón por hecho similares”, dijo Rubén Veiga, el abogado que representa al colectivo de víctimas de Coté.
Por su parte, el abogado de José Manuel Pérez, trató de desmontar en su exposición el auto de instrucción alegando que no había indicios objetivos válidos para culparlo de intrusismo. El jueves de la próxima semana será cuando Coté pueda dar su versión de los hechos y un día después será su mujer, María Susana Rodríguez, la que responda por el delito de blanqueo de capitales por el que es investigada. Ella se enfrenta a una pena de prisión de 3 años y una multa de casi 9 millones de euros.
