La representación sindical de las trabajadores de Galicia Textil acudió ayer al Parlamento gallego con motivo del debate y votación de una proposición no de ley instando la Xunta a personarse en el proceso de impugnación del ERE y a revisar la concesión que la empresa tiene de la Presa del Rey, en Neda, si sigue sin comprometerse con el mantenimiento del empleo.
La PNL, presentada por el grupo parlamentar del BNG en la comisión de Industria, recibió el voto negativo del PP que, una vez más, «muestra que cuándo tiene que tomar partido en un conflicto siempre lo hace a favor de los intereses de las empresas y contra de los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras», explicaron desde el comité de empresa.
Falta de compromiso con el empleo
En este sentido, la representación del personal (UGT y CIG) critica que el PP se escude en «discutibles argumentos jurídicos» para no apoyar la proposición, dejando a las claras «su incompetencia y falta de compromiso para el mantenimiento del empleo en Galicia y concretamente en la comarca de Ferrolterra».
En la proposición se instaba al Gobierno de la Xunta a ejercer sus atribuciones como autoridad laboral y personarse en el proceso judicial de impugnación del despido colectivo aplicado de manera unilateral por Galicia Textil. Y al tiempo, «a condicionar la concesión del aprovechamiento hidráulico de la Presa del Rey en el río de Xuvia, a día de hoy titularidad de la empresa Galicia Textil, al mantenimiento del empleo, renunciando a la aplicación unilateral del ERE y acordando con la parte social y la Xunta de Galicia un plan de viabilidad de la empresa.”
El secretario confederal de Empleo e Industria de la CIG, Francisco Cartelle, subraya que «este es un claro ejemplo de como los gobiernos han cedido la explotación de los recursos naturales al sector privado para su beneficio» sin exigir a cambio ningún condicionante para garantizar el mantenimiento del empleo y sin que exista ningún tipo de control por parte de la administración. «En definitiva una clara muestra de la apropiación del público por parte del privado», se advierte el representante sindical.
