La Diputación de Lugo reclamará a la Xunta de Galicia que los ayuntamientos gestionen el 15% de los fondos de ayudas para paliar los efectos del COVID-19, después de que las entidades locales se hayan visto en el deber de asumir competencias impropias durante la pandemia como la desinfección de centros educativos. Así se decidió en la sesión común del Pleno provincial del mes de abril, que se celebró este martes, tras la propuesta presentada por el grupo socialista.
La portavoz socialista del Gobierno, Pilar García Porto, defendió que “la lucha contra el COVID-19 ha supuesto para los ayuntamientos atender nuevas necesidades de los vecinos en un contexto de incertidumbre y dificultad, en el que al devenir sanitario se fue sumando el impacto socioeconómico de la pandemia”.
“La Xunta de Galicia no dejó de exigir a los ayuntamientos que asumieran competencias impropias tan costosas como la desinfección de los centros de enseñanza o que controlaran medidas excepcionales como el toque de queda o las limitaciones a la movilidad, sin tener en cuenta las dimensiones reales de los planteles de la Policía Local o Protección Civil”, manifestó la Diputada.
García Porto mostró el apoyo del Gobierno de la Diputación a la petición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que las entidades locales gestionen un porcentaje de los fondos COVID-19 y apuntó que “la Xunta tiene unos presupuestos de 11.500 millones de euros. La Xunta recibió aproximadamente 1.100 millones de euros del Gobierno y de la UE y no tuvo en cuenta a los ayuntamientos a la hora de emplearlos”.
La portavoz socialista señaló que desde el primer momento los ayuntamientos dieron respuesta a la ciudadanía con “lealtad y sentido de la responsabilidad, poniendo siempre la seguridad y la atención por encima de cualquier otra cosa” y que “no dejaron de reclamar la aportación de fondos necesarios para hacer frente a la situación”, pero que la Xunta “solo hizo oídos sordos”.
