La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, hizo balance de la tramitación de las licencias que, en lo que va de año, tuvieron resolución en junta de gobierno local, dentro de las que se encuentran comprendidas las urbanísticas, de primera ocupación, segregación y actividad, así como la caducidad de las mismas.
«En total, se resolvieron 269 expedientes, de los que 176 se corresponden con solicitudes realizadas por promotores y particulares en este mismo año, y las 93 restantes fueron iniciadas en ejercicios anteriores y, en muchos de los casos, quedaban pendientes de subsanaciones», detalló la primera edil.
Así, Méndez trasladó que todas estas autorizaciones promovieron un volumen de negocio en el municipio que alcanza, hasta este momento, los 35.531.505 euros, «contribuyendo a su recuperación económica y a la dinamización del sector de la construcción, manteniendo y generando empleo, con repercusión indirecta sobre otro tipo de negocios afines».
La alcaldesa lucense hizo hincapié en que estos procedimientos que exigen de la autorización del equipo de Gobierno representan solo alrededor del 10% del volumen total de solicitudes que el Ayuntamiento recibe al año, al tiempo que cuantificó en 3.535 las entradas de registro que se llevan contabilizadas en el servicio hasta el momento.
«Su abordaje se compatibiliza con el desarrollo de otros proyectos importantes para la ciudad relacionados con el planeamento y la gestión, un aspecto que podemos ejemplificar con la urbanización de la esquina de San Roque, el entorno del edificio Impulso Verde o los avances que se están alcanzando para culminar el PGOM o para modificarlo y permitir la descatalogación del edificio de Correos, próximo a la futura Estación Intermodal», recordó.
De este modo, la regidora puso en valor la labor realizado por el personal de los distintos departamentos que conforman el área de Sostenibilidad Urbana. Además, a estas medidas se suma la dotación de recursos humanos, la puesta en marcha de protocolos internos para la simplificación burocrática, la armonización de criterios para las intervenciones que se proyecten en el ámbito del Pepri, y mismo la elaboración de un marco normativo local como será la entrada en vigor de la nueva Ordenanza o la modernización tecnológica del conjunto de la Administración.
A este respeto, Méndez avanzó también que la sincronización de las Plataformas electrónicas municipales y del Colegio Oficial de Arquitectos, que propició el intercambio directo de la información entre ambos organismos, permitió que en el último año se tramitaran empleando esta vía casi un centenar de licencias (95).
«La implantación de todas estas herramientas tiene un único objetivo: resultar útiles a la ciudadanía y a los colectivos profesionales, como en este caso es el COAG, estableciendo sinergias y explorando nuevas vías de colaboración en el futuro inmediato que tengan, como fin último, mejorar la función administrativa en pro del interés general», concluyó la alcaldesa.
