La CIG concluyó este jueves el calendario de movilizaciones para exigir una transición gallega justa en el sector de los carburantes y biocarburantes y que se ponga en marcha una mesa de trabajo para tratar, en el marco del proceso de descarbonización de la economía, las alternativas de industrialización y de creación de puestos de trabajo en los territorios afectados.
Tras las concentraciones delante de la refinería de Repsol en A Coruña y de la planta de Vertex en Curtis, hoy la protesta se trasladó hasta las instalaciones de Masol Iberia Biodiesel en Oporto Exterior de Ferrol.
Con este calendario de movilizaciones, que tendrá continuidad en los próximos meses, la CIG quiere demandar de las empresas inversiones para afrontar el proceso de descarbonización y al tiempo reclamar de los gobiernos español y gallego la creación de una mesa de trabajo en la que abordar las medidas para garantizar que haya «transición y no demolición».
El secretario general, Paulo Carril, recuerda que el pasado mes de julio la CIG pidió al ministerio acometer medidas para la transformación de las refinerías en biorefinerías; la transición hacia los biocombustibles de segunda generación, con materias primas sostenibles y buscando las sinergias con otras industrias con la elaboración de subproductos.
Junto a esto, la CIG reclama que no se conceda ningún tipo de fondos públicos, ni se otorgue autorización, concesión y adjudicación de megavatios a aquellas empresas del sector afectado que no garanticen la continuidad del empleo.
«Reivindicamos una política industrial sustentable, pero esta tiene que ser justa, gallega y no puede suponer el desmantelamiento industrial de comarcas enteras sin dejar ninguna alternativa», asevera Carril. Añade que este proceso requiere de políticas públicas y de un planteamiento estratégico para afrontar la transición energética y las consecuencias que tiene sobre el tejido productivo, hasta ahora inexistente tanto por parte del gobierno español como de la Xunta de Galicia.
«Se está dejando todo este proceso en manos de los consejos de administración de las empresas, mientras los gobiernos solo se dedican a crear los marcos reguladores y a disponer la financiación para hacerle el lavado verde, sin que esto lleve consigo una garantía de los puestos de trabajo ni de alternativas industriales», denuncia.
