El Concello de Lugo crea una nueva tasa para gravar a las distribuidoras de energía

El área de Hacienda ha redactado redactar una Ordenanza con la que regular el aprovechamiento del dominio público que estas empresas realizan
Imagen de archivo de una torre distribuidora de energía
Imagen de archivo de una torre distribuidora de energía

Finalizó la amnistía fiscal para las grandes distribuidoras de energía. La decisión obedece a la voluntad de la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, de alcanzar una equidad tributaria que atienda a criterios de proporcionalidad de acuerdo a la ocupación que estas empresas hacen del espacio público para obtener beneficios económicos.

Así, el área de Gobernanza, a la que pertenece Hacienda Local, viene de redactar una nueva Ordenanza municipal con la que se regulará la tasa para grabar el aprovechamiento especial del dominio público, con la que se determinará el importe de la afectación que estas compañías ocasionan sobre los bienes municipales o comunales.

«El importe de la misma se hizo tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de esos usos, atendiendo a un informe técnico-económico en el que ya se contempla la realidad del mercado. De manera que la cuota tributaria será el resultado de aplicar un tipo impositivo a la base imponible en la que se tiene en cuenta ese valor directo de las instalaciones y de su ocupación», explicó la teniente de alcaldesa, Paula Alvarellos.

Alvarellos Fondo refirió que, con el fin de respetar las exigencias del Tribunal Supremo en las sentencias que motivan esta Ordenanza se establecieron, al efecto, dos tipos impositivos diferentes en atención de la intensidad del uso del dominio público local.

«Por una parte, se aplicará un tipo del 5% para los aprovechamientos especiales de las instalaciones tales como cajas de amarre, líneas subterráneas, torres metálicas, apoyos, transformadores, depósitos u otros elementos similares y, por la otra, el 2,5% para el aprovechamiento de los restantes elementos tales como líneas aéreas o cables de transporte de energía», afirmó la concejala.

De este modo, la norma se acompañará de un cuadro de tarifas que las empresas deberán abonar, con carácter anual, en régimen de autoliquidación y que podrá ser verificada por la Administración local para, en su caso, practicar la liquidación complementaria.

«Precisamente, en este sentido, se está elaborando un estudio-inventario para conocer cuál es el impacto de este tipo de infraestructuras sobre el municipio y las ocupaciones privativas en las que derivan lo que permitirá la posterior labor de inspección», adelantó la edil.

 

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