La empresa Leite Celta ha sido condenada por el Juzgado del Social de A Coruña por negarse a abrir el protocolo de acoso tras de la denuncia por acoso laboral presentada por una trabajadora de la fábrica de Pontedeume ante la actitud del coordinador de planta del departamento de producción. La trabajadora, explica Francisco Cartelle, representante de la CIG, presentó escrito en el departamento de Recursos Humanos dando cuenta de la situación de acoso laboral que sufría por parte del mencionado mando, y aunque el protocolo establece que mediando denuncia debe abrirse este procedimiento para determinar la existencia o no del acoso, la empresa de manera unilateral decidió que no procedía su apertura pues, segundo dijo, no existían elementos para su inicio.
La decisión de la empresa fue denunciada por el comité, en el que la CIG cuenta con la mayoría absoluta (7 de 9 delegados), pues a su entender, y así lo comparte el juez redactor de la sentencia, el hecho de que medie denuncia es lo que en todo caso debe iniciar el protocolo, proceso en el que la parte social tiene un papel activo. En el proceso, y una vez escuchadas las partes y realizadas las oportunas comprobaciones, «es cuando se puede determinar si el expediente debe avanzar o ser cerrado, pero nunca puede quedar al arbitrio de la empresa abrir o no expediente, pues en cuyo caso la empresa estaría incumpliendo la Ley de Prevención y estaría vulnerando los derechos fundamentales de la plantilla», subraya Cartelle.
Esta argumentación, suscrita por el juzgado del social, vino a determinar que el hecho de no abrir el protocolo ha afectado al derecho de indemnidad y tutela judicial efectiva de la trabajadora en tela de juicio, por lo que en la sentencia se condena la empresa a abrir el protocolo y a indemnizar la trabajadora por daños morales con la cantidad de 6000 euros. «Esta situación —añade el representante de la CIG— es un ejemplo más de la prepotencia e ilegalidad con la que está actuando Lite Celta en los últimos tiempos, con un departamento de Recursos Humanos que se ha retrotraído en su actuación a siglos pasados».
Pero lejos de cumplir con la sentencia, abrir el protocolo y, en su caso, iniciar la adopción de las medidas acordadas con la trabajadora y la representación sindical, «la empresa comunicó a la compañera que debe reincorporarse a un turno distinto al suyo». La adopción de esta medida, sin justificación alguna, constituye un doble castigo, ya que por una parte se castiga a la trabajadora por denunciar una situación de acoso no abriendo el protocolo y por otra, se castiga con una modificación de las condiciones de trabajo de la potencial víctima. «Esta actuación empresarial, junto con otras que se están produciendo en materia de recursos humanos están situando a Leite Celta cómo una de las empresas más reaccionarias en esta materia de toda la comarca ferrolana», advierte Cartelle.
Frente a esto, la representación sindical de la CIG adelanta que no cesará en combatir este comportamiento antiobrero y antisindical «con todas las medidas que tenemos a nuestro alcance, tal y como venimos haciendo, pues esta estrategia empresarial solo persigue precarizar las condiciones laborales del personal y rematar con la fuerza sindical que el personal viene mostrando para mejorar sus condiciones de trabajo».
