La ría de Corcubión no cuenta con servicio de practicaje desde este jueves: la jubilación —anunciada hace más de un año— del actual práctico y el empeoramiento de las condiciones ofertadas por la Xunta de Galicia para el puesto han conseguido que la plaza se quede vacante, por lo que no se podrán realizar operaciones de carga y descarga de barcos mercantes en los puertos de la ría y, específicamente, en el Puerto de Brens, el único con actividad.
El actual práctico, Josecho Centeno Vidal, había informado a Portos de Galicia de su intención de jubilarse, tras lo que una capitana que había aprobado el examen habilitante se formó seis meses con él, condición indispensable para ocupar el puesto. Sin embargo, al conocer las condiciones laborales, con un importante recorte salarial con respecto al anterior práctico, se retiró del proceso.
Este empeoramiento de las condiciones llega de la mano de una reducción del 50% de los costes del servicio por parte de la Xunta de Galicia. Ante esta situación, el práctico ha tenido que despedir a su equipo, formado por nueve personas entre patrón, marineros y amarradores, y el puerto de Brens no podrá recibir mercancías, lo que podría desembocar en una paralización de la actividad en XEAL, poniendo en riesgo el empleo de 300 personas en las fábrica de Cee y Dumbría.
La alcaldesa de Cee, Margot Lamela, se reunió este miércoles con la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas Gil, quien le aseguró que la entidad está «trabajando en la búsqueda de una solución» para la situación del práctico.
Mientras tanto, desde la CIG cargan contra el PP y la Xunta de Galicia por «su manifiesta incompetencia para llegar a un acuerdo con la única persona que tenía la habilitación para hacerse cargo del servicio», lo que ha dejado la licitación desierta. Así, la solución pasaría por «una nueva licitación que tardaría meses en resolverse».
«Nos preguntamos cuáles son los razones por las que el Gobierno gallego no corrigió durante el actual proceso la deficiente dotación económica para evitar que el concurso se quedase desierto», ha denunciado la CIG, incidiendo en «el enorme impacto» para la comarca que tendrá «la decisión intencionada de la Xunta de Galicia», toda vez que «sabía que reducir los costes a la mitad haría inasumible la actividad».
