La Cofradía de Pescadores de Noia ha denunciado que la Xunta de Galicia ha intentado apartarla de la acción legal contra la autorización de vertidos otorgada en febrero a la mina de San Fin, toda vez que ha inadmitido su petición alegando «que no tiene intereses legítimos que defender».
La cofradía considera que la decisión del Secretario General Técnico de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, Joaquín Macho Canales, es «manifiestamente ilegal» y responde a «una tentativa desesperada de apartar al pósito noiés del proceso judicial», pues la propia Augas de Galicia ya había reconocido a la cofradía como parte interesada en el procedimiento, notificándole todos los actos de trámite durante los siete años en los que se alargó el expediente.
La Xunta alega ahora que el hecho de que ser la institución representativa de los intereses económicos de los casi 2.000 mariscadores que trabajan en los bancos de la ría de Muros y Noia o los 17,5 millones de euros de facturación en 2021 no justifican el interés de la Cofradía por impedir que los vertidos de la mina de San Finx puedan causar un perjuicio «grave e irreparable» en la economía de la comarca.
Para la cofradía, la decisión de Joaquín Macho es «particularmente grave», pues «ya ocupó los cargos de subdirector general y vicesecretario general de la Consellería do Mar», por lo que conoce personalmente la situación del sector y las responsabilidades de los pósitos.
Desde la cofradía anuncian que recurrirán de inmediato la decisión de la Consellería ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y no descartan iniciar nuevas acciones en la vía penal frente los altos cargos responsables en el caso de confirmarse los indicios de «un posible delito de prevaricación por intentar apartar ilegalmente a la cofradía del proceso». En todo caso, advierten de que este tipo de artimañas no impedirán que la cofradía defienda la ría «hasta las últimas consecuencias» y avanzan nuevas movilizaciones.
