El mismo día en que se firmaba el decreto de convocatoria de las Elecciones Municipales del 28-M, el PP de Santiago ha decidido iniciar la campaña desde los juzgados: ha presentado una querella contra todo el Gobierno local por el caso Desproi tres meses después de tener conocimiento de los hechos.
El portavoz en el Pazo de Raxoi, José Antonio Constenla, fue el responsable de presentar la denuncia, acusando a todo el equipo de gobierno de Xosé Sánchez Bugallo —con la excepción de Rubén Prol— de delitos de tráfico de influencias, malversación, fraude en la contratación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y prevaricación.
No es la primera vez que el PP de Santiago recurre a la vía judicial en unas elecciones: en 1999 ya lo hizo Dositeo Rodríguez y en 2011 lo repetiría Conde Roa. En ambos casos el resultado fue el mismo, con el archivo de las denuncias tras la cita con las urnas.
“Una estrategia electoral”
Desde el PSdeG consideran que esta maniobra es una “estrategia electoral habitual” en el PP que demuestra “que no confía en poder convencer al electorado”. Sánchez Bugallo ha incidido en que «todo es perfectamente conocido, está estudiado y es transparente.
Por su parte, el portavoz del Gobierno local, Sindo Guinarte, ha llamado la atención sobre los tiempos de la querella: al presentarla este lunes, meses después de conocer las presuntas irregularidades, la admisión a trámite llegará antes de las elecciones, pero no podrá haber ninguna resolución.
Asimismo, ha destacado que esta querella “miserable” también coincide con el nombramiento como delegado del Gobierno en Galicia de José Manuel Besteiro, quien estuvo apartado de la política durante años por una investigación judicial ya archivada que se inició por una denuncia anónima presentada por la ahora candidata del PP a la alcaldía de Lugo, Elena Candia.
La querella
La querella presentada por el PP afectaría a Xosé Sánchez Bugallo, a los concelleiros, Sindo Guinarte, Mercedes Rosón, Mila Castro, Gonzalo Muiños, Marta Abal y Esther Pedrosa y al ex edil de Medio Rural, José Manuel Pichel, quien dimitió tras conocer los hechos denunciados. Tan solo se quedan fuera el concelleiro de Educación, Rubén Prol, y el dimitido Javier Fernández.
El candidato a la alcaldía, Borja Verea, quien no ha firmado la querella, ha justificado que el momento para presentarla es “el adecuado”, ya que cuentan con “numerosos indicios”. Los populares habían avanzado el pasado mes de enero que remitirían el caso a la Fiscalía, pero han esperado a marzo para acudir directamente al juzgado.
Los hechos
El caso por el que ahora presenta una querella el PP estalló el pasado mes de enero a raíz de una denuncia de Compostela Aberta, que llamó la atención sobre que el Concello de Santiago había alquilado una nave para acoger las oficinas de la Consellería de Medio Rural a la empresa Desproi, que había sido propiedad del entonces concelleiro del área, José Manuel Pichel.
En concreto, la Xunta de Goberno Local había aprobado el contrato de arrendamiento por 5.000 euros al mes, ya que Medio Rural no contaba con oficinas tras la demolición de la estación de autobuses. Pichel dimitió después de conocerse estos hechos, tras lo que el alcalde informó de que el edil no había terminado de vender todas sus participaciones en la empresa hasta después de la aprobación del acuerdo.
