El PP se opone a revisar la concesión del Souto de Leixa, prorrogada desde 2011

El centro asistencial para personas con discapacidades viene recibiendo denuncias por parte de los familiares de los usuarios y de los propios trabajadores por la falta de seguridad y de personal
Archivo - Visita de los responsables de la Xunta al CAPD Souto de Leixa
Archivo - Visita de los responsables de la Xunta al CAPD Souto de Leixa

El PP ha vetado en la comisión parlamentaria de relaciones con el Consejo de Cuentas la propuesta del BNG para que el consejo de cuentas fiscalice la gestión del CAPD Souto de Leixa. Las propuestas del Grupo parlamentario del BNG fueron defendidas por el diputado de la comarca de Ferrol Mon Fernández, quien incidió en la necesidad de fiscalizar el cumplimiento de los pliegos de la concesión de la gestión del centro, que se lleva prorrogando sistemáticamente desde el año 2011 a pesar de las reiteradas denuncias por parte de las familias de las personas residentes, así como por parte del comité de empresa.

El diputado del BNG también recordó que la gestión de este centro, anteriormente conocido como Carmen Polo, y de gestión pública, fue privatizada por el Partido Popular en el primer gobierno Feijoo y desde entonces está en manos de una filial del grupo ACS. Una de las principales problemáticas del centro es el elevado número de incidentes con riesgo y agresiones entre personas residentes, e incluso a los trabajadores, «mucho más elevado que por ejemplo lo que se produce en cualquier otro centro de gestión pública», aseguran los nacionalistas.

Esta diferencia, afirma el BNG, «se deriva del déficit de personal para atender debidamente a las personas residentes y de la falta de formación, agravado en parte por una elevada rotación del personal que no pierde ocasión de cambiar de empleo debido a las malas condiciones laborales y de prestación del servicio»

El Grupo Parlamentar del BNG incluyó entre sus propuestas para el plan de trabajo anual del Consejo de Cuentas que realizara una fiscalización de la gestión de la concesión del centro, propuesta rechazada por el Partido Popular, que con su voto en contra «avala y protege la gestión de la empresa concesionaria contra los derechos más elementales de las personas residentes en el centro, que según diferentes testigos no disfrutan de una vida que pueda considerarse digna».

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