La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, mostró hoy su satisfacción porque, gracias a la presión llevado a cabo por el Ejecutivo local, la Xunta ha accedido finalmente a parar el proyecto de construcción de 58 viviendas de protección oficial en la calle Ramón Piñeiro, tal como le trasladó la ministra de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en una carta enviada esta mañana si bien, a fecha de hoy, dicha suspensión no se encuentra publicada en la página web de Contratos de Galicia. “Unha circunstancia da que continuaremos pendentes para verificar que a palabra da conselleira se materializa”, añadió
No obstante, en dicho escrito, la Xunta considera necesario acreditar un interés público que justifique una suspensión del proyecto. Un aspecto que el Gobierno Municipal, entiende, se mantiene debidamente acreditado con el rechazo social que esto provocó entre la gente que vive en el barrio -y que contó con el apoyo unánime de la Corporación local -que se trasladó a la esfera pública con una oposición frontal a la decisión unilateral de la Xunta de que la primera promoción de viviendas de protección oficial que arranca en Lugo, tras 15 años de parálisis, fue precisamente en ese lugar, ya sobresaturado de VPO, a pesar de tener suelo al efecto en otros puntos de la capital como Garabolos o Avenida de Magoi.
Además, Méndez ha recordado que -como también consta en el acuerdo del Pleno- la Xunta, como propietaria de la misma, debe solicitar la oportuna modificación de la parcela de Ramón Piñeiro en el PXOM, lo cual no sería impedimento para que levante en ella, ahora mismo, otro tipo de dotaciones públicas como un centro de mayores o una guardería en aras de la convivencia y conciliación familiar en el barrio de la zona.
Y ante el imperativo de la entidad gallega, que considera imprescindible firmar un Convenio por el que el Concello se compromete a permutar el solar de Castiñeiro, la alcaldesa, como ya adelantado en su día, reitera su disposición a sentarse a estudiar los términos de la indemnización, también señala que la administración regional puede realizar sus planes de vivienda pública en los predios que ya tiene el IGVS en la ciudad.
«En calquera caso, dende o Concello pelexaremos porque a Xunta de Galicia constrúa vivenda pública no municipio, para dar resposta así aos máis de 1.300 demandantes que existen na capital. Un interese xeral que defenderemos e para o que, de ser necesario, contribuiremos achegando ou conveniando os terreos municipais que resulten precisos se ese é o único xeito de que a Xunta asuma as competencias que ten en materia de vivenda e cumpra coa débeda histórica que, a este respecto, mantén con Lugo”, concluyó la alcaldesa.
