Activistas de Ecoloxistas en Acción entraron en las dependencias de la Cámara Oficial Minera de Galicia, situada en A Coruña, con botellas de agua recogidas de los vertidos procedentes de las minas de San Finx y de Touro, según informa esta organización. Se trató de una protesta en la que invitaron a los representantes del organismo «a beber agua de las botellas después de que la Cámara minera asegurase en un comunicado que es inocua para la salud humana y el ecosistema», aunque no accedieron, precisa.
Los ecologistas sostienen que «un análisis realizado en San Finx a finales de agosto evidenciaba que los niveles de cadmio, substancia tóxica y cancerígena, se situaban 78 veces por encima del nivel máximo que permite la legislación». «En el caso de Touro, los valores que presentan los lechos próximos a la mina son aún más elevados». Con esta acción, Ecologistas en Acción asegura que pretende poner en evidencia «el papel nefasto que juega un organismo como la Cámara Oficial Minera de Galicia, a lo que la Xunta atribuyó competencias públicas como la gestión del censo catastral minero».
Postura de la Cámara Minera
Por su parte, en un comunicado, la Cámara Oficial Minera de Galicia (COMG) condena «la irrupción intimidante de presuntos activistas no identificados en sus oficinas», al tiempo que califica de «agresiva» su actitud. La COMG invita «a cualquier colectivo a mantener un diálogo abierto y no violento sobre cualquier asunto relacionado con la minería de Galicia». También defiende la labor llevada a cabo por los técnicos de la Administración autonómica en la supervisión y control de la mina de San Finx. «El cuerpo de técnicos ha demostrado su imparcialidad y su labor de control a través de los últimos análisis llevados a cabo en las aguas».
«En este momento las aguas subterráneas y de escorrentía a su paso por la zona mineralizada erosionan la roca y se cargan de metales como el zinc o el cadmio de manera natural». «De hecho, se investiga la presencia de minerales en las aguas como indicio de la existencia de un yacimiento», añade. Por otra parte, indica que «al no haber actividad minera desde hace años, las aguas rebosan desde las galerías subterráneas (que están completamente inundadas) y afloran a los cauces naturales sin supervisión y control de Augas de Galicia». Para corregir estos valores, expone, «es necesario construir la planta depuradora exigida por la Xunta de Galicia».
Críticas del PSOE
Por su parte, el Grupo Socialista comenzará el curso político reclamándole a la Xunta que asuma «responsabilidad política» después de que se detectase la contaminación provocada por los vertidos de la mina San Finx en Lousame. Álvarez ha denunciado «la falta de supervisión del Gobierno gallego», al asegurar que autorizó un vertido de 900.000 metros cúbicos de aguas contaminadas sobre la ría de Muros y Noia.
Según ha sostenido, los últimos análisis revelan unos niveles de cadmio 78 por encima de lo permitido, lo que suscitó una multa de 300.000 euros por parte del Gobierno gallego, que palidece, ha dicho, delante de los «millones de euros de daño sobre la actividad pesquera y marisquera y sobre la actividad turística» sobre la ría de Muros y Noia.
El dirigente socialista ha recordado que el Grupo Parlamentario lleva años alertando frente a la situación de la mina, que entre los años 2015 y 2017 provocaron descargas de vertidos con unos niveles de cadmio 158 veces superiores a lo permitido, de cobre 70 veces y de zinc 17 veces más, lo que no impidió que firmaran a autorización para la empresa responsable.
