El Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones de oficio con 33 ciudades, entre ellas Ferrol, por el retraso que se está produciendo en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), exigidas por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética. Como ha recordado la institución que dirige Ángel Gabilondo, el artículo 14 de la citada norma establece las medidas y plazos concretos para que las administraciones públicas promuevan la mejora de la calidad del aire mediante la reducción de las emisiones a la atmósfera. De este modo, los municipios de más de 50.000 habitantes debían de haber establecido ZBE antes del 1 de enero de 2023.
A pesar de la obligación legal que entró en vigor el 1 de enero de 2023, Ferrol se encuentra entre las 18 ciudades españolas que aún no han iniciado los trámites para implementar una zona de bajas emisiones (ZBE) en su centro urbano. La aprobación de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) es un requisito previo para establecer una ZBE, y en el pasado mandato, el Partido Popular votó en contra de dicho plan en el pleno del 30 de junio de 2022, lo que ha retrasado la adopción de medidas para mejorar la calidad del aire en la ciudad. Además, la política urbanística que ha adoptado el gobierno de José Manuel Rey Varela en estos casi seis meses de mandato apunta en la dirección contraria a esta normativa europea de obligado cumplimiento. Y es que el alcalde popular ya adelantó que recuperará el tráfico rodado en algunas calles que se habían peatonalizado en los últimos cuatro años, como la Tierra y la Rubalcava.
Respecto a las actuaciones de oficio, abiertas por el Defensor del Pueblo, ha destazado que siguen dos criterios. Por razón del número de personas afectadas por la contaminación y el nivel de retraso en la tramitación, se van a investigar los municipios de más de 50.000 habitantes cuyos ayuntamientos no han iniciado aún los trámites para declarar las ZBE, como es el caso de Ferrol, y los municipios de más de 300.000 habitantes que aún no las han aprobado pese a estar en trámite.
El Defensor del Pueblo ha añadido que el segundo supuesto se refiere a aquellos municipios en los que «se han revertido o van a revertirse los pasos dados para la adopción de las ZBE», de lo cual la institución «tiene conocimiento a través de los medios de comunicación, basados en las declaraciones formuladas por los órganos representativos del municipio, por los órganos competentes en materia de medio ambiente, representantes políticos o por otros análogos».
Así, un total de 18 municipios no han iniciado aún la tramitación de la ZBE: Aranjuez, Arganda de Rey, Coslada, Tres Cantos y Valdemoro, en la Comunidad de Madrid; Arona, Granadilla de Abona y San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife; Puerto de Santa María y San Lúcar de Barrameda, en Cádiz; Baracaldo (Vizcaya), Calviá (Mallorca), Cerdanyola del Vallés (Barcelona), Ferrol (A Coruña), Mijas (Málaga), Motril (Granada), Orihuela (Alicante) y Telde (Gran Canaria).
