El Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) del Parque Natural das Fragas do Eume está siendo un auténtico quebradero de cabeza para los propietarios de terrenos en la zona desde su aprobación de manera unilateral por parte de la Xunta de Galicia hace ya más de un año, en marzo de 2023.
Aunque los propietarios venían demandando que se creara un plan, el Gobierno gallego se limitó a presentar un borrador y aprobarlo sin buscar ningún tipo de consenso, dejándolos en una situación muy compleja: el PRUX impide que utilicen sus parcelas, pero el pago que se les ofrece desde la Xunta de Galicia es mínimo, por lo que llevan protestando periódicamente desde hace meses.
Ante este contexto, los cinco ayuntamientos que comprende el parque natural, As Pontes, A Capela, Monfero, Pontedeume y Cabanas, que no pueden solucionar este problema estructural, han anunciado una medida que busca paliar los efectos del plan de la Xunta: bonificar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios.
Cada ayuntamiento tendrá que aprobar por su cuenta esta medida en base a la legislación vigente en cada uno de ellos, pero las bonificaciones podrían llegar hasta el 95%.
“Lo cierto es que ser propietario en el ámbito del parque hoy en día implica tener una serie de condicionantes y limitaciones importantes en los usos de sus propiedades, por lo que entendemos que estas personas tienen que tener algún tipo de compensación”, explicaba el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, en la presentación de esta iniciativa, en la que estuvo acompañado por los alcaldes de A Capela y Monfero, Manuel Meizoso y Andrés Feal.
Los alcaldes de los cinco municipios, junto con los propietarios, han venido demandando unas compensaciones en la línea de las que ya se están aprobando en otras comunidades autónomas, aprovechando la financiación del Fondo de Garantía Agraria de la Unión Europea (UE) que en el caso de Galicia no se están utilizando para ese fin.
“Igual que exigimos compensaciones a la Xunta, los ayuntamientos queremos también dar ejemplo con acciones como esta que son de nuestra competencia y que no van a suponer una cantidad económica importante, pero sí es una señal de coherencia y compromiso con cientos de personas que ven limitados los usos de sus terrenos y propiedades”, afirmó Formoso tras la firma del acuerdo.
El colectivo de afectados, integrado por cientos de personas que se movilizan de forma periódica y constante tanto en la comarca como en Santiago, también presentó un recurso contencioso-administrativo contra la aprobación del PRUX, que fue admitido a trámite y cuya vista está prevista para el próximo 2 de julio en los juzgados de A Coruña.
Más allá del recorrido judicial, el pasado mes de mayo el colectivo de afectados protagonizó una nueva marcha, cortando el tráfico entre Cabanas y Pontedeume, para protestar por la situación, y avanzaron que seguirán movilizándose.
La presidenta de la Asociación Parque Natural del Eume, Naturaleza y Desarrollo, María Ángeles Pita Balsa, ha venido denunciando el agravio sufrido durante el proceso de elaboración del PRUX, donde “no se tuvieron en cuenta nuestras alegaciones”, como sí pasó “con las de la gente de la pesca, la caza o la escalada”.
Además, pone como ejemplo la situación similar que se está dando con el parque de Urkiola, en Euskadi, donde sí se están recibiendo compensaciones ante la limitación de usos.
Según los datos facilitados por el colectivo de afectados, en el parque hay unas 9.125 hectáreas, de las cuales algo más de 430 son de reserva y más de 3.000 de uso limitado. En este tiempo, la Xunta ha adquirido tres fincas de 2,9 hectáreas, tal y como anunció el pasado mes de febrero, y tiene localizadas “otras 400 parcelas de unas 200 hectáreas”, una parte ínfima de la superficie del parque.
