El Tribunal de Primera Instancia Regional de la República de Filipinas ha denegado la libertad bajo fianza a los tres policías acusados del asesinato de Diego Bello Lafuente, el empresario coruñés fallecido en enero de 2020 en Siargao durante una operación policial presuntamente simulada como una compraventa de drogas.
La jueza Mary Jean Cajandab Ong ha considerado que la Fiscalía presentó una «evidencia de culpabilidad sólida», lo que impide legalmente conceder la libertad provisional, según el artículo 13 de la Constitución filipina. Los acusados —el capitán Vicente Sabio B. Panuelos y los sargentos Ronel A. Pazo y Nido Boy E. Cortés— están procesados por asesinato y colocación de pruebas falsas.
Recibió disparos cuando ya estaba en el suelo
Los informes del NBI (National Bureau of Investigation), respaldados por testigos, análisis balísticos y reconstrucciones forenses, descartan un enfrentamiento armado, tal y como alegaban los imputados. Según el tribunal, «la muerte de Lafuente no fue consecuencia de un enfrentamiento armado». El informe forense apunta a que recibió disparos cuando ya estaba en el suelo, y los peritos consideran que la disposición de los casquillos tampoco coincide con la versión policial.
En la resolución también se recoge que el sargento Pazo dio positivo en la prueba de parafina y que no se encontraron casquillos correspondientes a su arma, lo que refuerza la tesis de una actuación coordinada: «El tribunal también declara su culpabilidad firme, ya que la fiscalía pudo demostrar una «conspiración» entre los acusados».
El juicio continuará el próximo 23 de julio en doble sesión, por la mañana y por la tarde. La familia de Diego Bello ha recibido con satisfacción la decisión judicial, aunque subraya que el proceso todavía no ha terminado y que solo una sentencia firme podrá cerrar el camino hacia la justicia.
