Una mujer acusada de apropiarse de 1,2 millones de euros de Audasa mientras desempeñaba la función de tesorera de la empresa ha negado los hechos que se le imputan durante el juicio celebrado este miércoles y que continuará este jueves día 3 de noviembre, en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña.
De acuerdo con la calificación fiscal, la mujer ocupó este puesto entre 2008 y 2019, fecha en la que fue despedida. Entre otras funciones, era la encargada de remitir órdenes de transferencia a las entidades bancarias, del control de los saldos bancarios, comprobación de ingresos y gastos y elaboración de partes a los bancos.
“Así, dado que la empresa había confiado en la acusada para gestionar su contabilidad proporcionándole acceso a documentación y cuentas bancarias, ésta, prevaliéndose de tal posición, durante los años 2011 a 2018, elaboró órdenes de transferencia ficticias y de apariencia similar a las emitidas” para transferirlo a otra cuenta de la que ella era titular.
Para ello, sostiene Fiscalía, “utilizaba aplicaciones informáticas donde insertaba de forma escaneada las firmas de los autorizados para emitir dichas órdenes, así como el sello de la empresa”. “En las citadas órdenes, constaban formalmente como beneficiarios proveedores habituales de la empresa cuando, en realidad, dichas operaciones no eran reales y el beneficiario único y destinatario de la transferencia era la propia acusada”.
Su marido, también acusado
Con esta mecánica, “la acusada efectuó en el periodo señalado 341 transferencias por un importe total de 1.232.886,71 euros”, aunque el Ministerio Público indica que la cantidad total “con la que se hizo en provecho propio fueron 1.224.851,13 euros”. Por estos hechos, figura también como acusado su marido, ya que el Ministerio Público indica que disponían de él de “común acuerdo”.
Entre los gastos efectuados figuran artículos de lujo, cientos de prendas de ropa con etiqueta, colección de relojes, joyas, bisutería y documentación de viajes en hoteles de lujo y cruceros.
Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa en el caso de la mujer y del hombre de otro de estafa o, en su caso, de blanqueo por imprudencia grave. Para ella, se piden seis años de cárcel y para él cinco años o dos años de prisión en función del delito.