La familia de Diego Bello y sus representantes legales en Filipinas sospechan que el departamento de Policía del Gobierno filipino intenta «dilatar lo más posible» la detención de los presuntos asesinos de Diego, tres policías filipinos.
En un comunicado, los familiares apuntan hacia el desacato de las órdenes judiciales, «en abierto desprecio a la independencia del poder judicial y a la separación de poderes, y en flagrante violación del Estado de derecho».
Se basan en un permiso concedido a los agentes investigados por parte de la Policía Nacional Filipina, «a los cuatro días de habérsele notificado a la policía la orden de arresto».
El juez filipino encargado del caso decretó el pasado 25 de marzo la detención e ingreso en prisión sin fianza de los tres agentes acusados del asesinato del joven coruñés.
Según el informe del National Bureau of Investigation, el capitán Vicente Panuelos y los sargentos Ronel Azarcón y Nido Boy Esmeralda asesinaron, supuestamente, a Diego Bello el 8 de enero de 2020, «disparándole a sangre fría».
Además, los acusan de falsificar pruebas al «poner en sus manos una pistola y unos gramos de cocaína para poder así decir que Diego era un traficante y que les había disparado primero y que, por tanto, fue en defensa propia».
Ante esto, la familia ha asegurado que va a «redoblar sus esfuerzos» para conseguir justicia para Diego, «como viene haciendo desde hace más de dos años».
Destacan además que «una acción decidida de las autoridades de este país constituiría un hito significativo para mejorar la imagen de impunidad y de falta de respeto a los derechos humanos que Filipinas ha venido tristemente proyectando al exterior en los últimos años».
