El proceso judicial por el asesinato de Samuel Luiz sigue abierto a nuevos capítulos tras la sentencia dictada el pasado 8 de enero por la Audiencia Provincial de A Coruña. Las penas, que oscilan entre los 24 y 10 años de prisión para los cuatro jóvenes considerados culpables, podrían ser recurridas por parte de las defensas, mientras el Ministerio Público y otras acusaciones estudian también su posición.
La Fiscalía, que ejerció la acusación junto a la familia de la víctima y el colectivo LGTBI Alas Coruña, esta valorando el contenido de la sentencia y aún no ha confirmado si recurrirá el fallo. Mientras, Alas Coruña ha subrayado la importancia de que este caso sirva para generar “conciencia”, aunque tampoco ha definido si planteará acciones adicionales, según informaciones de Europa Press.
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Por parte de los acusados, algunos de los abogados ya han manifestado su intención de recurrir la sentencia. Como es el caso de David Freire, defensor de Alejandro F.G., condenado a 20 años por asesinato. Plantea que no existió intención de matar y que, en todo caso, los hechos podrían tipificarse como homicidio. Además, insiste en la consideración de atenuantes como el consumo de alcohol y drogas, que no fueron aceptados en el juicio. Según Freire, la pena impuesta, que califica de “máxima”, carece de suficiente fundamentación.
Por su parte, José Ramón Sierra, abogado de Kaio A.S.C., condenado a 17 años por asesinato y tres años y medio por robo con violencia, también confirmó su intención de recurrir. Argumenta que su cliente debería haber sido absuelto, cuestionando las pruebas que sustentan la condena.
Manuel Ferreiro, representante de Alejandro M.R., condenado a 10 años como cómplice de asesinato, defiende la “inocencia” de su cliente y critica la falta de evidencias que respalden la sentencia. Mientras que Luis Manuel Salgado, abogado de Diego M.M., el acusado con la pena más alta de 24 años, indicó que evaluará la fundamentación del fallo antes de decidir si recurre. Su cliente fue considerado el iniciador del ataque y el principal agresor, con el agravante de discriminación por orientación sexual.