Moho, carne podrida y etiquetas falsas: desmantelan un almacén ilegal en A Coruña

La Guardia Civil y la Consellería de Sanidade han descubierto un local que operaba al margen del registro sanitario, donde se guardaba cientos de kilos de comida destinados a restaurantes y bares
Almentos en mal estado incautados por el SEPRONA | GUARDIA CIVIL
Almentos en mal estado incautados por el SEPRONA | GUARDIA CIVIL

Cámaras oxidadas, moho en las paredes y carne en descomposición. Así estaba el almacén clandestino de productos cárnicos que la Guardia Civil y la Consellería de Sanidade han localizado en la provincia de A Coruña. El local, oculto y sin registrar, almacenaba cientos de kilos de alimentos destinados a restaurantes y bares. Algunos estaban caducados, otros directamente podridos.

La operación, que aún está en fase de explotación, comenzó el 11 de febrero tras una alerta recibida por el SEPRONA sobre la posible existencia de un almacén irregular que suministraba alimentos al sector hostelero. La inspección, realizada por agentes de la Guardia Civil junto con técnicos del Servicio de Control de Riscos Ambientais de la Xunta, confirmó que el local no figuraba en el Rexistro Xeral Sanitario de Empresas Alimentarias e Alimentos y presentaba «graves deficiencias higiénico-sanitarias, incluyendo la presencia abundante de moho, óxido y suciedad en paredes, suelos, estanterías, arcones y cámaras frigoríficas».

Los inspectores encontraron productos mezclados sin control: alimentos en buen estado junto a otros con fecha de caducidad vencida e incluso «en estado de descomposición». Además, descubrieron maquinaria para fabricar etiquetas personalizadas y manipular fechas de consumo, lo que sugiere la posibilidad de modificar o sustituir las etiquetas originales de los productos adquiridos a diferentes proveedores.

Ante la gravedad de las irregularidades detectadas, los inspectores procedieron «a la inmovilización y precinto del local y de los efectos encontrados». Mientras tanto, la Guardia Civil investiga al propietario del establecimiento como presunto autor de un delito contra la salud pública.

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