El Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña autoriza a los Franco, a través de un decreto con fecha 26 de septiembre, a la retirada de bienes muebles sobre los que, por su parte, el Estado ha reclamado que se impida que lo hagan a través de una demanda interpuesta la semana pasada en los juzgados de Madrid.
El citado decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, estima en parte un recurso de reposición interpuesto por la Administración General del Estado, Xunta de Galicia, ayuntamientos de A Coruña y Sada y la Deputación coruñesa dejando sin efecto la concesión de un plazo a la familia del dictador para la retirada de los bienes y el acceso al inmueble de profesionales que designasen.
En su lugar, se acuerda que la entrega de los bienes, a excepción de los que no pueden ser retirados conforme a un auto anterior relativo a 132 elementos, se haga en presencia «de la comisión judicial y las partes», tomando como base un inventario elaborado en noviembre de 2020.
«Respecto a los bienes de intereses cultural será necesario contar con la preceptiva autorización de la Xunta de Galicia para su traslado», recoge el decreto, en relación a los declarados como Bien de Interés Cultural (BIC) como el caso de las esculturas del Maestro Mateo y la biblioteca de la escritora Emilia Pardo Bazán.
También precisa que se da un plazo de 20 días a las partes para concretar el tiempo necesario para la práctica de la diligencia, así como identificar a las personas que intervendrán para la entrega de bienes.
Por otra parte, señala que, contra la presente resolución, cabe interponer recurso de revisión en el plazo de cinco días contados a partir del día siguiente de su notificación.
Demanda en Juzgados de Madrid
En relación a esta decisión judicial, fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press han precisado que el juzgado autoriza la retirada de bienes muebles, pero han añadido que la misma «no procede hasta que el juzgado de Madrid resuelva sobre la medida cautelar presentada por el Estado» para impedir que se retiren.
Con ello, han hecho referencia a la demanda presentada contra la familia Franco en la que la Abogacía del Estado reclama la propiedad de 564 bienes del Pazo de Meirás y pide como medida cautelar que no se permita quitarlos del inmueble hasta aclarar su propiedad.
La Abogacía del Estado la presentó después de que los Franco solicitasen antes al Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña retirar todos los bienes depositados en el inmueble que no fueron reclamados por la Administración central en su momento.
Los elementos ahora objeto de la demanda del Estado son bienes muebles o documentos y legajos que pueden agruparse en tres categorías: bienes de Patrimonio Nacional; bienes del Patrimonio Documental Español y bienes que son de dominio público por su afectación al uso del Pazo de Meirás como residencia oficial del jefe del Estado.
