Una mujer acusada de trata de seres humanos con fines para la explotación sexual, entre otros delitos, ha negado los hechos que se le imputan y ha alegado que la denunciante le «tendió una trampa para arreglar su situación aquí».
Así lo ha explicado la procesada durante el juicio celebrado este martes en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña.
Según Fiscalía en julio de 2018 la acusada contactó con la víctima, su prima, natural de Colombia donde residía en ese momento en una situación económica «del todo precaria», para ofrecerle la posibilidad de viajar a España y ejercer «la prostitución».
«Yo no le ofrecí a ella trabajar en nada. Ella lo hacía voluntariamente», ha insistido la acusada, quien ha reconocido haberse prostituido en pisos ubicados en las ciudades de A Coruña y de Lugo.
Préstamo
«Yo no la contacté, ella me contactó a mí. Me pidió que le prestara el dinero para venir aquí y puse unas condiciones. Le presté 5.000 y tenía que devolverme 10.000″, ha indicado. «Hice un trato con ella y no me devolvió mi dinero».
El Ministerio Público añade que en noviembre de 2018, la mujer se enzarzó en una disputa con la víctima tras comunicarle ésta su intención de «volver a su país y dejar de ejercer la prostitución».
En este sentido, la acusada ha declarado: «En el momento me ofusqué y le pedí mi dinero, en un momento de rabia cualquiera lo hace. Pero ni violencia ni nada».
Durante la trifulca, según Fiscalía, la procesada «le quitó el pasaporte» entre empujones y amenazas. «Yo no le retuve el pasaporte. Lo recogí de donde lo dejó tirado. Esa fue la trampa que me tendió», ha alegado la acusada.
Por su parte, la víctima ha argumentado durante la vista que «no tenía voluntad. Siempre estaba borracha o drogada. Estaba bajo el mando de ella». «Yo era muy ingenua porque me dijo que me podía conseguir trabajo como peluquera», ha puntualizado.
Petición de condena
Fiscalía califica estos hechos de delito de trata de seres humanos con fines para la explotación sexual, delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, delito de falsedad en documento oficial y delito leve de lesiones.
Por ellos pide una pena de 10 años de prisión y solicita el pago de una indemnización de 6.000 euros por «daños morales».
La acusación particular solicita nueve años al no incluir la falsedad documental. Por su parte, el abogado de la defensa pide la libre absolución.
