Dos personas que han sido acusadas en un juicio celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de A Coruña de crear una entidad para dar «apariencia de legalidad» al cultivo y venta de cannabis —Asociación Recreativa y Terapéutica de Cultivadores, Pacientes y Usuarios de Cannabis de A Coruña— y de manipular la electricidad fraudulentamente para cultivar las plantas han aceptado penas de entre tres y dos años de prisión, además del pago de multa. No obstante, los procesados no entrarán en prisión tras un acuerdo entre Fiscalía y defensa.
Inicialmente, el Ministerio Público solicitaba nueve años de cárcel para cada uno de ellos, pero tras el pacto alcanzado, uno de los condenados ha aceptado dos años de prisión por cooperación y/o favorecimiento de asociación ilícita así como una multa de 1.440 euros; un año de cárcel y una multa de 33.517 euros por delito contra la salud pública y una multa de 360 euros por leve defraudación de fluido eléctrico.
El otro encausado, por su parte, ha aceptado un año de prisión por cooperación y/o favorecimiento de asociación ilícita, así como una multa de 1.440 euros y las mismas penas que el otro procesado por el resto de los delitos cometidos.
Con todo, los letrados solicitaron la suspensión de las condenas de prisión impuestas y el fiscal aceptó la petición. El tribunal acordó la suspensión firme de las penas.
Hechos
Según lo expuesto por la Fiscalía, uno de los acusados estableció en mayo de 2012 una organización que llevaba a cabo sus operaciones y las promocionaba en varias redes sociales, mostrando una amplia gama de plantas estupefacientes a las que terceros podrían acceder tras registrarse como miembros y/o socios de la asociación mediante el pago de una cuota anual.
El propósito de la constitución, según la acusación pública, era proporcionar una apariencia de legalidad a la actividad real, que consistía en el cultivo y distribución de sustancias estupefacientes a terceros a cambio de dinero.
El dueño de la entidad alquiló una residencia en Betanzos para llevar a cabo el cultivo y almacenamiento de las plantas de sustancias estupefacientes, y en dicha propiedad manipulaba fraudulentamente la electricidad, causando un perjuicio a la empresa proveedora de energía eléctrica de casi 872 euros.
Por otro lado, este hecho era conocido por el otro acusado, quien, de manera exclusiva y directa, realizaba labores de mantenimiento en la finca, facilitando así la actividad real perseguida por la asociación.
Entre los meses de febrero y mayo de 2021, las autoridades aduaneras llevaron a cabo seguimientos y vigilancias de la actividad realizada por la organización. En mayo de 2021, procedieron a registrar la finca y el local de la asociación, donde encontraron diversos objetos relacionados con el cultivo y plantas de diferentes tamaños.
